La reforma procesal penal que prepara el Gobierno resucita para el debate jurídico la vieja aspiración, nunca cerrada, de que sea el fiscal y no el juez quien asuma la instrucción de los procedimientos, y que se dé carpetazo a la figura de la «acción popular», tan desvirtuada en nuestra historia reciente.

Bajo el paraguas de la «acción popular», todos los partidos se han dedicado a politizar los tribunales para criminalizar al oponente.

De esta figura han surgido innumerables penas de telediario, juicios paralelos y vulneraciones flagrantes de la presunción de inocencia

De algún modo, el papel originario de la acción popular -una figura legítima- ha sido pervertido y su uso, indebido. Ahora bien, eliminarla conllevaría dejar el peso absoluto de la acusación en el fiscal.

Y en este caso, con Sánchez en La Moncloa, la Fiscalía sería el instrumento esencial del Gobierno para manejar los procesos penales a su antojo con criterios selectivos o ideológicos.

Conviene mucho estar advertidos y prevenidos ante esta reforma.

ABC