Las maniobras del Gobierno para convertir la ley diseñada por la ministra Isabel Celaá en la peor norma educativa de nuestra democracia no parecen tener fin.

La ley no solo está planteada como una vendetta contra la educación concertada y las asociaciones de padres, o para instalar el sectarismo en las aulas a conveniencia de la izquierda. Ni siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez se ha contentado con la cacicada de eliminar los criterios de mérito y capacidad permitiendo que los alumnos avancen cursos con asignaturas suspensas y sin acreditar conocimiento alguno.

Por eso, y como todo este cúmulo de insensateces no era suficiente, el PSOE, Podemos y ERC han pactado ahora una enmienda a la ley Celaá que elimina al castellano como lengua vehicular en toda España. Hasta en el respeto a la lengua oficial del Estado falla Sánchez a los ciudadanos con otra cascada de cesiones al nacionalismo y al independentismo para garantizarse cuatro años de legislatura.

A partir de ahora, y si prospera esta farsa parlamentaria de rehacer por completo la ley Celaá negociando enmiendas subrepticias, autonomías como Navarra, Baleares o la Comunidad Valenciana dispondrán de la cobertura legal suficiente para aplicar la inmersión lingüística sin someterse a control alguno.

Cataluña y el País Vasco ya venían despreciando de oficio al castellano desde hace lustros porque nunca ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, quiso hacer cumplir la legalidad, llegar al fondo de la cuestión combatiendo los abusos con sanciones de la inspección educativa, y ejecutar las múltiples sentencias judiciales dictadas contra el destierro del español de las aulas.

Desde ahora, y sin siquiera escuchar a la comunidad educativa en el Congreso, Sánchez e Iglesias pondrán en manos del nacionalismo una herramienta legal muy poderosa para que el «dominio» del español entre nuestros niños sea una quimera.

De algún modo se está derogando un artículo sustancial de nuestra Constitución por la vía de los hechos consumados, y con el tiempo quedará desnaturalizado el mandato que atribuye a todos los españoles el derecho y el deber de conocer su propia lengua oficial.

La conclusión es que la enseñanza obligatoria del castellano quedará convertida en una añagaza sin posibilidad real de ser testada porque las autonomías dependientes del soberanismo podrán hacer de su capa un sayo sin impedimento alguno.

Oficialmente, la ley garantiza y protege el castellano, pero de facto Sánchez le asesta un golpe allá donde el nacionalismo periférico quiera erradicarlo. Tan legal será incluirlo como excluirlo de las aulas, y esa será precisamente la coartada que también permitirá al nacionalismo desactivar a los Tribunales. Esta tramitación apunta maneras de rendición del Estado frente a un chantaje.

No es verdad que vaya a ser una ley progresista. Más bien será un parche sectario sumado a décadas de descontrol educativo y de ausencia de consensos que pagan nuestros jóvenes con una preparación deficiente, según los distintos baremos internacionales.

Es, una vez más, la utilización de la educación como arma arrojadiza para el adoctrinamiento masivo, y no para mejorar la calidad de la enseñanza. El argumento de Sánchez al hacer una defensa sin cuartel de la educación pública, como si el resto de modalidades educativas fuesen una ofensa a la izquierda y no un derecho ejercido en libertad por los padres, es la enésima falsedad de un Gobierno anclado en el revanchismo ideológico.

Proteger la educación concertada no es desmerecer a la pública, del mismo modo que promocionar las lenguas cooficiales no tiene por qué implicar un odio sin sentido al castellano.

Pero hasta a la lengua oficial le ha puesto precio Sánchez.

ABC