El Gobierno y sus socios han vuelto a infringir la Constitución con la vieja trampa de colar en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) enmiendas a leyes y reales decretos que nada tienen que ver con la previsión de ingresos y gastos que aprueba anualmente el Parlamento.

La ley presupuestaria, por su naturaleza y finalidad, tiene una tramitación tasada para que sea aprobada a final de cada año natural y así pueda el país comenzar el siguiente ejercicio con un plan financiero estable. Los ‘privilegios’ de la tramitación de la ley de presupuestos no son extensivos a otras materias legislativas, que deben seguir los procedimientos establecidos en la normativa constitucional y parlamentaria.

El Tribunal Constitucional ha reprobado reiteradamente esta infracción burda y pública de sus previsiones, pero siempre se pronuncia con una tardanza que hace estériles sus reproches.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluye modificaciones tan heterogéneas entre sí y tan ajenas a lo financiero como varias reformas sobre el asilo internacional, la jurisdicción laboral, las víctimas del terrorismo, la Comisión Nacional sobre la Competencia y los Mercados o Radio Televisión Española, entre otras materias e instituciones.

Esto es un puro fraude constitucional y un hurto a la soberanía del Parlamento para ejercer con plenitud sus funciones legislativas y, por tanto, representativas. Llueve sobre mojado, porque el Gobierno está siendo el menos respetuoso con el Congreso de los Diputados y el Senado, como lo acreditan las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que no sólo han declarado la ilegalidad de los dos decretos de estado de alarma de 2020, sino también del cerrojazo al Congreso en el segundo de ellos y del abuso del real decreto-ley sobre materias que no eran urgentes.

Son pruebas fehacientes de un estilo de gobernar de sesgo autoritario, repelente al control parlamentario de las decisiones políticas del Gobierno y a un examen detallado de sus proyectos legislativos.

Esta forma de gobernar se produce cuando la Unión Europea está alerta sobre derivas en otros Estados que ponen en peligro los valores europeos, como el Estado de Derecho y la división de poderes. Sánchez ya tuvo su aviso cuando pretendió reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial al estilo autoritario que Bruselas tanto reprocha a Polonia.

Aun refiriéndose a escenarios distintos de la acción política del Gobierno -lo judicial y lo presupuestario-, todos están vertebrados por la misma pretensión de ejercer el poder sin las engorrosas molestias de una democracia parlamentaria, de un Estado de derecho y de una opinión pública despierta y consciente de su responsabilidad.

La ventaja del Gobierno es la coartada de la pandemia, expuesta en el umbral de cualquier discurso del presidente y sus ministros, para prolongar en el ánimo de los ciudadanos el estado de excepción que Sánchez no quiso formalizar como ordena la Constitución.

En esa pandemia, el Gobierno de socialistas y comunistas, apoyado en proetarras y separatistas, busca y encuentra el burladero para infiltrar en la práctica política española una forma de gobernar cada día menos democrática y más autoritaria.

La ausencia de una respuesta eficaz y rápida por parte del TC hará que caiga en el olvido -y, en todo caso, en la impunidad- esta nueva treta del Gobierno con la ley de presupuestos.

El poder, según el manual de la coalición de socialistas y comunistas, se ejerce sin miramiento y pasando por encima de las exigencias de la democracia parlamentaria, que son condiciones para la convivencia y el respeto recíprocos.

ABC