La decisión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de rescatar a la aerolínea Plus Ultra continúa cercando al Gobierno. Tal como revela hoy EL MUNDO, el Ministerio de Transportes llegó a apoyar no con un informe, sino con dos, esta operación pese a que el propio José Luis Ábalos aseguró no haber tenido «nada que ver» con la misma.

Al informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) hay que sumar un segundo documento emitido por la Dirección General de Aviación Civil del propio Ministerio. Precisamente su ocultación había servido a distintos miembros del Gobierno para alegar que la operación había sido respaldada por «tres informes independientes» en alusión al financiero de DC Advisory, el jurídico de Deloitte y el de AESA. Sin embargo, la SEPI recabó también este cuarto documento para evaluar si la aerolínea cumplía las directrices para ser auxiliada por el Fondo de Solvencia de Apoyo a Empresas Estratégicas.

La citada dirección general del departamento que dirige Ábalos admite que «el apoyo financiero» del Estado era «clave» para sostener la compañía.

Cabe recordar que Plus Ultra opera solo el 0,03% de los vuelos en España. Sus principales accionistas, que son venezolanos, mantienen estrechas relaciones un empresario próximo con la número dos del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez.

El Juzgado de lo Penal número 15 de Madrid incoó diligencias contra el consejo de administración de la SEPI, del que forman parte, entre otros, un equipo de marcado carácter político en el que destacan la número dos de Montero en Hacienda, Inés Bardón,y la de Calviño en Asuntos Económicos, Ana de la Cueva.

Corresponde a la Justicia dirimir si la concesión de 53 millones a Plus Ultra constituye un caso de malversación de fondos públicos o si, tal como pretende aducir el Ejecutivo de Sánchez, es una ayuda a una compañía «estratégica» y «relevante».

Pero políticamente la honorabilidad de Ábalos vuelve a quedar en entredicho. El titular de Transportes ya afirmó que su ministerio no elaboró ningún documento, afirmación que tuvo que desmentir tras una información publicada por este periódico.

El informe que desvelamos hoy está fechado el 18 de febrero. Un mes después, Ábalos negaba que su ministerio hubiera intervenido en la operación. Su credibilidad, pues, está agotada.

Urge aclarar los motivos del rescate de Plus Ultra y depurar responsabilidades en este turbio asunto.

El Mundo