España no es el único país europeo que cuenta con varias lenguas minoritarias, pero tiene a la vez el tesoro de una formidable lengua común, el castellano, que es además una de las más importantes del mundo.

Relegar a un puesto menos que simbólico a esta lengua común en la enseñanza en determinadas comunidades, como consagra la nueva ley de Educación socialista, puede acabar teniendo consecuencias negativas para su consideración en las estadísticas europeas y por tanto en todas las políticas que se derivan de ellas, así como en la posición de nuestro idioma en las instituciones comunitarias.

Hay demagogos nacionalistas que quieren hacer creer que en territorios como Cataluña solo se habla una lengua, como en la región flamenca de Bélgica o la minoría húngara de Rumanía, y para ellos la «ley Celaá» supone el mejor de los instrumentos para lograrlo.

Lo que esta ley consagra no es solo una desgracia para la educación sino que hiere el más rico patrimonio cultural de España.

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