EL PAPEL DE LA JUNTA EN LOS ERE

La retirada de la acusación por parte del Gobierno andaluz incumple el acuerdo que hizo presidenta a Susana Díaz

¿Por qué es éste el juicio VIP de los ERE?

La decisión de la Junta de Andalucía de retirarse de la acusación en la pieza de los ERE que se juzga desde el martes en la Audiencia Provincial de Sevilla es algo más que la culminación de una estrategia de vaivenes más próxima a la defensa de los imputados que a otra cosa.

La petición de archivo, que los abogados del gabinete jurídico de la Junta hicieron efectiva en octubre de 2016, dejó además en evidencia la palabra dada por el PSOE y su secretaria general en Andalucía, Susana Díaz, como contrapartida para obtener la Presidencia y compensar su mayoría simple en el Parlamento.

La orden de Díaz de no proseguir como acusación supone, además de todo lo anterior, un flagrante incumplimiento del pacto de investidura que los socialistas y Ciudadanos firmaron el 6 de junio de 2015 y que permitió que tres días después la líder del PSOE andaluz recibiese los votos necesarios en la cámara autonómica para seguir ocupando el Palacio de San Telmo.

El texto literal del pacto entre el PSOE y Ciudadanos no deja lugar a ninguna duda. En su artículo 24 señala que «la Junta de Andalucía colaborará en las investigaciones judiciales y policiales que se puedan llevar a cabo sobre presuntos actos de corrupción cometidos por personal al servicio de la propia Junta de Andalucía. Asimismo, se personará en los procesos judiciales por corrupción cuando pueda existir menoscabo para la hacienda pública de la Junta de Andalucía».

El cumplimiento de la primera parte del epígrafe puede ser más o menos discutible, pero la segunda no admite demasiadas interpretaciones. No en un caso en el que la corrupción es el eje central de las actuaciones investigadas y en el que un juez y un fiscal, de la Fiscalía Anticorrupción por más señas, han repetido hasta la saciedad no sólo que ha habido menoscabo de fondos públicos, sino que las arcas andaluzas han sido víctimas de un auténtico expolio durante la década en la que se financiaron alegremente las ayudas irregulares a las empresas en crisis.

El juez Álvaro Martín cifró el saqueo en 855 millones de euros y la Fiscalía Anticorrupción la rebajó algo hasta la nada despreciable cantidad de 741 millones de euros.

Desde el Partido Popular se ha vinculado la decisión de pedir el archivo de la causa principal de los ERE a un «pago de favores» a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los protagonistas estelares de la vista oral que se va a prolongar hasta el verano o, incluso, más allá.

Han sido numerosas las voces que desde el PP, empezando por su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, han reclamado explicaciones a Susana Díaz no sólo por la retirada de la acusación sino también por las continuas contradicciones a lo largo de toda la instrucción que han llegado a merecer las críticas de los mismos jueces.

Lo mismo se puede decir de Izquierda Unida o Podemos, que se han prodigado en críticas al Gobierno andaluz y a los socialistas.

Sin embargo, lo más llamativo de todas las reacciones que ha provocado, ahora y antes, la retirada de la Junta como acusación es, precisamente, la ausencia de reacción de Ciudadanos.

Su líder en Andalucía, Juan Marín, no ha pasado de mostrar públicamente su confianza en que la vista oral que se desarrolla en la Audiencia sevillana permita «esclarecer» lo sucedido en la gestión de los expedientes de regulación de empleo bajo sospecha.

Y ello a pesar de que es el partido naranja el gran burlado por la retirada de la acusación y el consiguiente incumplimiento del pacto de investidura que firmaron con el PSOE.

Desde Ciudadanos no ha habido ni quejas ni presión al menos públicamente, aunque en estos días se han producido maniobras de última hora por parte de la Junta de Andalucía con el aparente objetivo de colarse en el juicio.

Fue el jueves cuando los letrados de la Administración de Justicia se presentaron en la sala de vistas, aunque no pudieron entrar porque han sido citados como testigos por la defensa de Griñán. Y ese mismo día la abogada del ex consejero Francisco Vallejo solicitó que se leyera el escrito de la Junta, a lo que se negó el tribunal.

Preguntado por este periódico, Ciudadanos Andalucía señaló que el partido está «razonablemente satisfecho» con el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura insistiendo en que su intención es que se cumpla «al 100%» al final de la legislatura.

Sobre el caso concreto de la personación de la Junta en el caso de los ERE, las fuentes consultadas de Ciudadanos anunciaron que se analizará en las reuniones de seguimiento del pacto.

Chema Rodríguez ( El Mundo )