Solo el tiempo podrá decir si las medidas anunciadas por Pedro Sánchez para contener en 3,5 puntos la subida del IPC es un acierto o un ejercicio de voluntarismo viciado de electoralismo. El Gobierno ha vuelto a anunciar con solemnidad que destinará 15.000 millones hasta el 31 de diciembre a combatir la inflación. De ellos, 9.100 irán destinados a rebajar los precios de la electricidad, el transporte, el gas o los combustibles.

Sin embargo, el dato objetivo es que en el último año Sánchez ya ha ido parcheando la crisis con otros 15.000 millones, inservibles para ese objetivo. Ese es el riesgo: que el nuevo plan sea un mero reclamo publicitario, improvisado y propagandístico para encubrir el fracaso electoral del PSOE en Andalucía.

Tras esos 15.000 millones iniciales, la inflación está en el 8,7 por ciento. Por eso Sánchez habla solo de medidas paliativas, y por tanto provisionales, pero sigue faltando un criterio efectivo para luchar de modo estructural contra la inflación. El plan tiene mucho de intento de reanimar al PSOE porque se encuentra en respiración asistida.

Algunas decisiones son acertadas. La rebaja del IVA a la factura eléctrica era una reclamación antigua, pero el Gobierno se negaba a reducir impuestos porque el incremento de recaudación extra para salvar las cuentas públicas son una botella de oxígeno para Moncloa.

Parte de esa resistencia de Sánchez decae ahora, con una rectificación que llega tarde y mal, pero que al menos se confirma. Lo mismo ocurre con las rebajas anunciadas para fomentar el uso de transporte público. Son positivas siempre que no se estigmatice el transporte privado porque a fin de cuentas la casuística en cada población es muy diferente.

Todo lo que sea mantener dinero en el bolsillo del ciudadano es razonable mientras no se desmande el consumo y prosiga una escalada de precios que agrave la inflación. De momento, el propósito de rebajar 3,5 puntos la inflación es solo una declaración de intenciones. Además, falta por conocerse la letra pequeña, la cuantificación real del coste de cada partida concreta, o las condiciones específicas para acceder a las ayudas directas.

Otras decisiones del Gobierno, en cambio, tienen pocos visos de ser realmente eficaces. Mantener la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible se está revelando como una medida imperceptible. En un mes esa rebaja volvió a dejar los precios en el mismo lugar que cuando se instauró. Sin esa solución sería más caro llenar el depósito, pero con ella se paga una cantidad poco asumible también.

Es cierto que una rebaja masiva de impuestos sería un error y fomentaría más inflación, pero anunciar a bombo y platillo medidas que después se difuminan tiene un coste notable en credibilidad. Otras dos medidas también discutibles son el maquillaje de la ayuda universal de 300 euros que Podemos quería imponer a familias desfavorecidas, para convertirla en una de 200 a desempleados sin recursos y a autónomos con carencias.

No es el plan original y reafirma una facilona cultura del subsidio. De igual modo, la penalización fiscal a los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas es un brindis al sol. De entrar en vigor, sería en enero del año que viene, nada que ver con la intervención directa que proponía Podemos.

Además, puede chocar con la libertad de mercado y con normas europeas. Anunciar un impuesto que no entra en vigor y hacer ver al ciudadano que el Gobierno se sacrifica por él tiene mucho de desesperación política y de trampeo de la realidad.

Y todo, sin contar con que Sánchez debe lograr la convalidación del decreto en el Congreso, algo que nunca está asegurado con sus socios.

ABC