El Parlamento de Andalucía les cuesta a los andaluces más de 36 millones de euros cada año. Dinero desperdiciado en una maquinaria burocrática inútil, dado que al menos el 80 % de las iniciativas parlamentarias no pasan de ser discusiones estériles y documentos sin ninguna capacidad de obligar a los gobiernos locales, autonómico o central a los que se dirigen.

Buena parte de esta indecente suma de dinero -dinero que no va a parar a políticas de empleo, ni a la dependencia, ni a sanidad, ni a seguridad ciudadana- va a parar a los partidos políticos, sumándose a las multimillonarias sumas que estos perciben tras cada proceso electoral.

Los órganos de dirección de los partidos “toman prestado” este dinero de los grupos parlamentarios en una maniobra tan habitual como dudosa desde el punto de vista legal, pues esas subvenciones las otorga el Parlamento a los grupos parlamentarios para su funcionamiento, no para que los partidos lo gasten sin dar muchas explicaciones.

En este contexto de despilfarro sin fin llama la atención que, para algunas cosas, el Parlamento de Andalucía siga funcionando como una institución decimonónica o tercermundista. Por ejemplo, en su registro. ¿A alguien le puede parecer razonable que, en 2021, el único modo de registrar un documento en el Parlamento de Andalucía sea hacerlo de forma presencial, llevando el documento impreso? Pues así es.

El mismo parlamento que legisla para obligar a que los ciudadanos deban dirigirse a la administración exclusivamente de forma telemática solo contempla la fotocopia y el sello para su registro. Y lo hace, además, incumpliendo su propio reglamento, que hace ya años que establece que debe darse la posibilidad de registrar escritos a través de medios informáticos.

Mientras los responsables de la institución se dan golpes de pecho ecológicos para demostrar su “conciencia verde” y su compromiso con los objetivos de la globalista Agenda 2030, la realidad es que tiran papel de forma descarnada por no haber implementado ya, como tienen otros parlamentos, el registro telemático.

En ello estamos, es su respuesta. Como en todo. Estamos en sacar a Andalucía de los últimos puestos en empleo, en gasto sanitario y en educación… Y así pasan los años, sin solucionar nunca nada, pero despilfarrando el dinero de los sufridos contribuyentes.

Cierren el chiringuito. Devuelvan las competencias principales al Estado. Traspasen las menores a los municipios. Y disuélvanse pacíficamente. Es lo mejor para todos.

Luz Belinda Rodríguez ( El Correo de España )