Desde su investidura como presidente del Gobierno el programa político de Pedro Sánchez ha estado orientado única y exclusivamente a mantenerse en el poder a cualquier precio. Así, para lograr alcanzar su objetivo, aparcando cualquier tipo de consideración moral, ha puesto en marcha un proyecto marcadamente totalitario y, en consecuencia, surcado por todo tipo de iniquidades.

Su primer paso fue hacer del sanchismo no ya la corriente dominante sino la única corriente dentro del PSOE, para lo cual ha obviado a los órganos de dirección de la formación política, ha eliminado el debate interno y ha laminado a la disidencia, convirtiendo de esta manera al partido en su conjunto en una secta a su servicio y a sus dirigentes políticos en un rebaño de mamporreros solo movidos por la codicia y sin capacidad para diferenciar el bien del mal, ya que su conciencia hace tiempo que yace sepultada en remotos y oscuros cenagales.

Dueño y señor del partido, su siguiente paso fue acabar con la separación de poderes, es decir, dinamitar el Estado de Derecho, para lo cual resultaba fundamental limitar las funciones y socavar la independencia del Poder Legislativo y del Poder Judicial, sometiendo a ambos poderes a los dicterios de un Poder Ejecutivo del que es presidente.

Evidentemente, para llevar a cabo su despótico planteamiento necesitaba de alianzas, ya que su escasa representación parlamentaria no le permitía alardes de ningún tipo. Así, mediante un pacto que solo cabe calificarse de ignominioso, acordó con los enemigos de España, esto es, con los comunistas y los separatistas, la formación de un nuevo Frente Popular, para de esta forma poder actuar desde la impunidad, aunque, como contrapartida, esto supusiera acceder a destruir la unidad de España y acabar con el orden constitucional.

Para constatar la veracidad de lo expuesto basta señalar que solo durante este año y medio de legislatura el Gobierno socialcomunista ha promulgado 48 Decretos Ley, todos ellos de profundo calado -superando con creces los promulgados por todos los Gobiernos habidos en España desde la instauración de la democracia parlamentaria- mientras que tan solo se han tramitado 26 leyes en el Parlamento.

Es decir, que este tiránico Gobierno ha convertido de facto tanto al Congreso como al Senado en instituciones mínimamente operativas, reduciéndolas a meras comparsas de una representación teatral cuya trama es el resultado de las insidiosas maquinaciones de una mente enferma como es la de P. Sánchez.

Asimismo, durante esta legislatura los ataques al Poder Judicial han sido constantes por parte del Gobierno socialcomunista y sus socios separatistas. Esta situación ha llevado a que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, haya puesto de manifiesto que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial llevada a cabo por el Gobierno de P. Sánchez, por la cual se impide a este órgano jurisdiccional llevar a cabo los nombramientos en la cúpula judicial mientras esté en funciones, lleva “a la atrofia y la paralización” de tan insigne institución.

A su vez, la mayoría de los miembros del propio CGPJ han señalado a este respecto que la disminución de funciones del CGPJ supone una farsa al disfrazar de ley lo que es una decisión política que tiene como exclusiva finalidad eliminar la independencia del Poder Judicial. En consonancia con este planteamiento, más de 2.500 jueces han denunciado ante la Unión Europea (UE) que, debido a las políticas del el Gobierno orientadas a obstaculizar el normal funcionamiento del Poder Judicial, existe en España un grave riesgo de violación del Estado de Derecho.

Hasta ese momento, a pesar de la creciente alarma social que tales decisiones estaban provocando, el proyecto sanchista se iba desarrollando conforme a lo establecido. Sin embargo, el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid unido a las exigencias de sus socios separatistas obligó a P. Sánchez a acelerar el paso y proseguir sin más dilación con la hoja de ruta pactada al comienzo de la legislatura.

De esta forma, después de ir incumpliendo sistemáticamente cada uno de los compromisos contraídos con la ciudadanía durante los comicios electorales de 2019, a P. Sánchez solo le quedaba por quebrantar la promesa dada de no conceder el indulto a los golpistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo (TS). Así, decía P. Sánchez tras la sentencia del TS y antes de las elecciones generales de 2019 que “La sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado (…) con plenas garantías.

Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su íntegro cumplimiento” para añadir que “Tenemos que poner fin a los indultos, es decir, a la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial”. Sin embargo, apenas 20 meses después -con una España desangrada económicamente, devastada socialmente y desolada sanitariamente- P. Sánchez, demostrando su infinita capacidad de mentir, venía a decirnos que “El indulto es una figura necesaria.

Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del procés”. Evidentemente la disparidad de lo manifestado antes y después de las elecciones pone de manifiesto la insuperable hipocresía y el infinito grado de indecencia de P. Sánchez.

Pero más allá de esas cualidades, suficientemente conocidas y que explican su deleznable conducta desde que llegó a la política, lo que principalmente llama la atención de esta decisión es que P. Sánchez, dominado por su patológica ambición de poder, también posee una capacidad de humillación prácticamente ilimitada.

En este punto conviene resaltar que la concesión de los indultos no cumple ni uno solo de los requisitos establecidos por la ley. Así, el indulto a los golpistas catalanes no es justo, ya que los condenados ni se han arrepentido ni pedido perdón a las víctimas, es decir, a los ciudadanos españoles, sino que, por el contrario no han cesado de manifestar su intención de reincidir en el delito si no se cede ante sus aspiraciones secesionistas; tampoco es equitativo, ya que los golpistas son tratados de forma privilegiada, al concedérseles la medida de gracia de forma arbitraria y no conforme a criterios jurídicos sino tan solo de conveniencia política; y finalmente, no presenta ninguna utilidad pública, ya que no solo no garantiza la concordia en el seno de la sociedad española, sino que, por el contrario, lo único que procura es la fragmentación y el enfrentamiento social, dado que los políticos indultados mantienen unos planteamientos rupturistas que no son compartidos por una gran mayoría de españoles.

No por casualidad, sino debido a la traidora inacción del Gobierno socialcomunista, paralelamente a la concesión de los indultos una organización absolutamente ajena a la UE como es el Consejo de Europa emitió una resolución no vinculante elaborada por un tal Boris Cilevics, un socialista letón pro ruso, según la cual en España se persiguen sistemáticamente las ideas políticas.

Es decir, que para esta institución de tres al cuarto la realización de un referéndum ilegal y la también ilegal declaración unilateral de independencia de Cataluña no son actos sino ideas, con lo cual solo cabe concluir que los miembros de dicho Consejo no hacen otra cosa que falsear la realidad, ya que políticos marcadamente separatistas como son Quim Torra, Pere Aragonés, Joan Tardá o Gabriel Rufián, por citar algunos ejemplos significativos, han manifestado en numerosas ocasiones su ideario independentista e incluso su apoyo a los golpistas y no por ello han ingresado en prisión.

Pero como en política todo tiene una explicación, resulta que esta institución está financiada con fondos gubernamentales pero también con donaciones privadas, siendo curiosamente las más cuantiosas las realizadas por Bill Gates y George Soros, es decir por dos de los plutócratas globalistas que pretenden imponer un “nuevo orden mundial” al servicio de las grandes multinacionales, con lo cual el enigma queda resuelto, revelando la nula credibilidad de este organismo.

Evidentemente todos estos acontecimientos han sido recibidos con enorme júbilo por parte del independentismo catalán, si bien, en el colmo de la prepotencia y la soberbia, todos los políticos excarcelados han manifestado que el indulto es solo un primer paso en la construcción de una república catalana independiente, exigiendo al Gobierno que proceda a conceder una amnistía generalizada a todos aquellos altos cargos de la administración catalana imputados por algún tipo de delito, la eliminación del Código Penal de los delitos de rebelión y sedición, el reconocimiento del derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum que permita la independencia de Cataluña.

Es decir, que el separatismo catalán, insaciable por naturaleza al proceder de un delirio paranoide de carácter obsesivo, lo que está exigiendo es la implementación de un proceso de destrucción nacional con la aquiescencia de un P. Sánchez convertido definitivamente en estafermo al servicio de los enemigos de España.

Podría parecer que P. Sánchez ha caído muy bajo, pero en realidad hace ya mucho tiempo que este siniestro individuo no puede caer más bajo, ya que se halla instalado, como privilegiado invitado, en las infernales simas abisales donde solo habitan como compañeros de estancia la indecencia, la deslealtad y el deshonor.

Pero el tiempo de los discursos y los lamentos se acaba y ha llegado el momento de construir, más allá de siglas partidistas, un gran Frente Patriótico capaz de defender “la Unidad de España, el Estado de Derecho y el Orden Constitucional”. Si en defensa de estos valores la sociedad española no está dispuesta a movilizarse solo cabe concluir que en el pecado llevará la penitencia, pero si, por el contrario, está dispuesta a sacrificarse no tengo la menor duda de que el fracaso no es una opción que se deba contemplar.

Por ello, hombres y mujeres de todos los rincones de España, con la rojigualda por estandarte, os llamo a luchar.

Rafael García Alonso ( El Correo de España )