La reforma penal anunciada por el Gobierno sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión no tiene nada de irrelevante. Es una pieza más en el engranaje de ingeniería social con el que el Ejecutivo pretende ideologizar algunos delitos a su medida, desnaturalizándolos a conveniencia cuando afecten a iconos sociales de la izquierda, o reforzándolos cuando quienes los cometan provengan de la derecha.

Con la excusa de adaptar nuestra normativa a la doctrina de los tribunales europeos, se va a prefabricar una justicia penal de autor para modificar nuestra estructura procesal a imagen y semejanza de las ideas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en lugar de establecer criterios -objetivos y subjetivos- que permitan fortalecer realmente la libertad de expresión como elemento nuclear de la democracia.

La operación consiste en una parcelación dogmática del odio, de manera que unas expresiones puedan ser consentidas, y otras castigadas, según el modelo de revisionismo ideológico al que este Gobierno nos somete.

En el fondo subyace el intento de desactivar el enaltecimiento del terrorismo, los tipos penales por ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a instituciones como la Corona o los jueces, y el ultraje a la bandera y al himno nacional.

Si a eso se añaden una despenalización de la ‘okupación’, la regulación de la apología del franquismo por la ley de memoria democrática, o la suavización expresa de la rebelión y la sedición para privilegiar al independentismo, el proceso revisionista casi se habrá completado.

Y todo ello, en un contexto de sistemáticos intentos por controlar al poder judicial, que en cuestión de semanas tendrá vetado hacer nombramientos. Habrá, en definitiva, autorización legal y expresa para burlarse de las víctimas del terrorismo, y bula para quemar libremente la bandera española, para ofender al Rey, o para gozar de barra libre en actos ofensivos e insultantes contra la Iglesia católica.

En realidad, buena parte de todo esto ya ocurre ahora por la pasividad de la Fiscalía y la tolerancia interpretativa de algunos jueces. Por ejemplo, a menudo se producen homenajes de enaltecimiento a etarras excarcelados y ni siquiera se tramitan porque la Fiscalía hace oídos sordos al sentir de las víctimas que lo denuncian.

Y con frecuencia hay dirigentes que llaman fascistas a los jueces y no ocurre nada. A partir de ahora, además de consentido, todo esto será sacralizado, quedando en el olvido las antiguas palabras de Dolores Delgado, cuando sostenía siendo fiscal especial contra el yihadismo que regular duramente el enaltecimiento del terrorismo era imprescindible.

La cobertura jurídica para justificar una libertad de expresión netamente sectaria, en función de las ideas de quienes la ejerzan, se traducirá en la eliminación de la pena de cárcel. Pero también, en la supresión de cualquier sanción penal para todos aquellos excesos verbales cometidos en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales.

Así, crecerá exponencialmente el margen subjetivo para interpretar que la exaltación de un delito terrorista como el que propició la condena del rapero Valtonyc es solo una manifestación artística. O que sus letras son un ejercicio intelectual.

De igual manera, la concepción subjetiva de qué expresiones supondrán o no un riesgo para el orden público, o para provocar conductas violentas, abrirá un abanico de arbitrariedad ideológica inquietante. Donde ahora hay delitos, mañana habrá impunidad. Donde hoy hay odio, mañana habrá permisividad. Y donde hoy hay ofensas punibles, mañana habrá complacencia.

Así España no gana en libertades. Pierde en derechos.

ABC