El juez Juan José Escalonilla imputa a Podemos y a varios de sus dirigentes dos delitos relacionados con la financiación ilegal del partido (ya apuntada por el Tribunal de Cuentas) y el cobro de comisiones o sobresueldos por parte de algunos líderes.

La solidaridad bien entendida empieza por uno mismo en el chalet de Galapagar, aunque para ponerla en práctica sea menester emular las conductas de esa «casta» facha y casposa parasitaria del sistema corrupto que los discípulos del mesías morado venían a regenerar. Presuntamente, por supuesto.

El titular del juzgado 42 de Madrid se ha convertido de inmediato en víctima de una feroz campaña de desprestigio lanzada por los investigados y sus múltiples medios lacayos. A falta de mejor defensa, la tropa podemita arremete contra el togado, a quien acusa de moverse por criterios ideológicos y no profesionales, ignorando que en su curriculum reciente figuran actuaciones contra un diputado del PP o la organización Hazte Oir.

La independencia judicial, ya se sabe, es algo totalmente ajeno a la mentalidad de los seguidores de Iglesias, quien durante la negociación del ejecutivo de coalición pidió al PSOE que el fiscal general del Estado, los magistrados del Constitucional y los vocales del CGPJ fueran elegidos «por su compromiso con el programa del Gobierno» (sic). En el caso de la fiscal general, es evidente que lo consiguió.

Pero con los jueces de base el hoy vicepresidente todavía no ha podido, por lo que Escalonilla, ajeno a las presiones, ha abierto una investigación exhaustiva a raíz de la denuncia interpuesta por José Manuel Calvente, exabogado de la formación comunista imprudentemente empeñado, dice, en que la gente para la que trabajaba se atuviera a lo establecido en la Ley.

Ante la imposibilidad de acallar su voz, Iglesias y compañía trataron de arruinarle la vida echándolo con deshonor tras acusarlo en falso de acosar sexualmente a su compañera, Marta Flor, hoy representante legal del coletudo en la causa abierta por el escándalo de la tarjeta telefónica presuntamente robada a su «alumna íntima», Dina Bousselham.

Fracasada la maniobra de derribo al archivarse el caso, la credibilidad de Calvente permanece intacta, por lo que a sus antiguos empleadores no les ha quedado otra opción que intentar invalidar su testimonio y sus pruebas alegando que fueron obtenidos de manera ilícita durante el desempeño de sus funciones.

Como si los célebres «papeles de Bárcenas», que los podemitas llegaron a proyectar en pantalla gigante en la Plaza Mayor, hubiesen surgido virginalmente de la nada, o como si el contable despedido Van Showen, que en su día acreditó la financiación ilegal de los socialistas en el caso Filesa, se hubiese enterado del asunto por revelación divina.

Muy desesperados deben de estar los incursos en la investigación del juez madrileño para recurrir a tan paupérrimos argumentos. Hasta el propio Iglesias y su amigo Monedero prefieren guardar silencio, delegando en Echenique la penosa labor de intentar lavarles la cara en tuiter.

La videoteca conserva intervenciones sonadas en las que un Pablo Iglesias tonante exige dimisiones inmediatas tras la apertura de juicio oral a una organización o dirigente político y tilda de inepto a cualquier jefe de partido que ignore la procedencia de su dinero.

Pedir coherencia a quien ha escalado desde Vallecas hasta su actual mansión como abanderado de los desheredados es pedir demasiado, pero a su socio, Pedro Sánchez, hay que exigirle decencia y lealtad al cargo que desempeña. El líder de un partido investigado por corrupción no puede ocupar una vicepresidencia del Gobierno de España.

Para ese viaje no necesitábamos moción de censura alguna.

Isabel San Sebastián ( ABC )