Las sombras de sospecha que rodean al origen de la financiación de Podemos ya no aguantan durante más tiempo el silencio y la pasividad con la que Pablo Iglesias y el resto de la dirección de este partido despacha los asuntos en esta materia.

El Tribunal de Cuentas, tal como ha revelado EL MUNDO, ha descubierto irregularidades contables, facturas sin justificar, gastos irregulares e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

Este hallazgo interpela al propio Iglesias y exige explicaciones detalladas por parte de un partido que se arroga el papel de adalid del regeneracionismo y que respaldó la moción de censura que Sánchez presentó contra Rajoy tras el fallo del caso Gürtel.

En el caso de Podemos cobra forma el conocido refrán de que una cosa es predicar y otra, dar trigo. En el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones del año pasado, el organismo público detecta una factura de gastos «que no han sido debidamente justificados» y que asciende a 133.100 euros.

Podemos ha sido requerido para explicar con detalle cómo gastó aquellas partidas. En todo caso, según el tribunal, sus explicaciones son claramente insuficientes. El total de gastos irregulares detectados por el Tribunal de Cuentas asciende a más de 425.000 euros.

Entre ellos se incluyen algunos gastos prohibidos expresamente por la Loreg, además de los contratos firmados con Neurona Consulting, una empresa de comunicación política próxima al chavismo.

Tal como publicó este periódico, se trata de una consultora -que ha realizado trabajos para los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro- que ya el año pasado facturó varios trabajos para la formación morada. Incluida una campaña sobre las cloacas del Estado, que Podemos relaciona con una supuesta estrategia de las elites para destruir a Iglesias y que, a la postre, tal como hemos revelado al hilo del caso Dina, no ha sido más que el intento de Podemos de urdir una trama mediante una acusación falsa contra José Manuel Calvente.

De hecho, la Fiscalía ya se ha encargado de desmontar la falsa denuncia contra el ex abogado de Podemos. A todo este turbio entramado hay que sumar, también como adelantamos en estas páginas, el hecho de que Irán inyectara 9,3 millones de euros en 360 Global Media, la productora de televisión de Iglesias. El servicio de blanqueo Sepblac detectó 67 ingresos sospechosos a la mencionada sociedad entre 2012 y 2015 y 23 transferencias al líder de Podemos.

El vicepresidente del Gobierno no puede adoptar una posición tancredista -algo que tanto criticó en su día a Rajoy- ante las sospechas fundadas que rodean el origen presuntamente irregular de parte de las finanzas de un partido que en apenas seis años ha pasado del activismo callejero en el 15-M a la alfombra del poder.

No valen subterfugios ni tampoco desviar la atención arremetiendo contra la Justicia y la prensa. Iglesias está obligado no solo a responder ante los tribunales, sino a ofrecer cumplidas explicaciones a la ciudadanía.

El Mundo