Cuando en 2018 Podemos se erigió en el adalid del PSOE para presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, lo hizo invocando la sentencia de la Audiencia Nacional, hoy corregida por el Tribunal Supremo, que condenaba al PP como beneficiario de la corrupción del caso Gürtel.

Para Pablo Iglesias, España no podía contar en La Moncloa con un partido corrupto. Dos años después, es Podemos el partido corrupto investigado por su presunta financiación irregular, y es su líder quien está pendiente de una posible imputación ante el Supremo por obstruir la labor de la Justicia y por destruir pruebas para que no le salpicase la guerra interna por el poder en su propio partido.

Podemos no es ningún modelo de regeneración democrática o de transparencia. Al contrario, no hace sino sumar a su trayectoria política una retahíla de procesos judiciales que le retratan como un socio de gobierno indigno y, sobre todo, envuelto en ilegalidades constantes.

Su secretario de Organización, Pablo Echenique, fue condenado hace unas semanas a pagar 80.000 euros en concepto de indemnización por haber tildado de «violador» a un inocente. Echenique ya cargaba con otra sanción administrativa por no haber dado de alta en la Seguridad Social a un asistente personal, un episodio demostrativo de que su discurso como protector de los más desfavorecidos es solo una estafa moral más en el ideario de Podemos.

Su portavoz en Madrid, Isabel Serra, también tiene una condena penal por agresiones a la Policía durante una manifestación celebrada años atrás. Lo mismo ocurre con su diputado Alberto Rodríguez, para quien el Congreso acaba de aceptar el suplicatorio para ser juzgado por agresiones a las Fuerzas de Seguridad. Otro dirigente, Monedero, fue penalizado por tratar de burlar a la Agencia Tributaria ocultando pagos de casi medio millón de euros por haber asesorado al Gobierno de Venezuela.

E Iglesias pende de un hilo en el caso Dina, por el cual ocultó que dispuso durante cinco meses de una tarjeta con archivos telefónicos pertenecientes a una asesora suya con pruebas incriminatorias sobre sus manejos internos en Podemos.

Sin embargo, el caso de corrupción más llamativo es el que se encuentra en plena fase de instrucción en un juzgado madrileño por la presunta financiación irregular del partido. Las pruebas apuntan al desvío de más de 300.000 euros sin justificación para supuestos gastos electorales a través de Neurona, una empresa pantalla que habría servido para un presunto blanqueo de capitales.

Si a eso se añaden las sospechas de nula transparencia que pesan sobre la adjudicación de las obras realizadas en su sede con unos sobrecostes más que sospechosos, la conclusión es sencilla: Podemos no es ejemplo de absolutamente nada que tenga que ver con un paradigma mínimamente democrático. Hoy Podemos se aprovecha de los mismos aforamientos «de casta» que quería erradicar.

Tiene a sueldo a imputados y condenados que no dimiten, y lanza reproches al resto de partidos que no se aplica a sí mismo. Cultiva un doble discurso frente a la corrupción que avergonzaría al político más cínico, y criminaliza a los jueces si sus fallos no les resultan favorables.

Podemos representa al chavismo venezolano en su más pura esencia, y por eso pretende desnaturalizar la independencia judicial y controlar a los tribunales a la medida de su propia corrupción. Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo con Podemos en el poder.

Sin embargo, parece descansar muy a gusto mientras Iglesias desnuda a la democracia de valores y se apropia de ella con el consentimiento de un PSOE indolente y acobardado. Podemos es solo la inmoralidad encarnada en el poder.

ABC

viñeta de Linda Galmor