La renuncia del Consejo General del Poder Judicial a realizar ocho nuevos nombramientos de magistrados durante esta semana reafirma los indicios de que esta vez la renovación del órgano constitucional parece cercana.

Es la tercera vez en los dos últimos años que el PSOE y el PP reactivan las negociaciones para cumplir con el mandato constitucional, y lo deseable es que llegue a término. No obstante, el acercamiento entre los equipos de Moncloa y Génova quedó ayer algo enfriado después de que el PP admitiese que Pedro Sánchez ha aceptado dejar a Podemos al margen de cualquier pacto, que era una de las condiciones impuestas por Pablo Casado para afrontar la renovación.

El Gobierno matizó ayer estas afirmaciones del PP, pero no las desmintió categóricamente, entre otros motivos porque es completamente cierto que el PSOE no querría ceder al partido de Pablo Iglesias ninguno de los diez vocales que debe proponer la izquierda parlamentaria.

Según Moncloa, quien negocia es la coalición de Gobierno, y por tanto Iglesias no está vetado en la negociación. Pero los socialistas no pasaron de esa versión edulcorada de la realidad porque son plenamente conscientes de que los nombres de los vocales que querría imponer Podemos no van a estar en ningún caso en la lista definitiva.

De todas formas, y tratándose de una negociación tan compleja, harían bien el PP y el PSOE en no confundir a la opinión pública sobre las condiciones que ponen unos y otros para alcanzar la mayoría necesaria de tres quintas partes del Congreso.

Ya en ocasiones anteriores esta negociación se frustró por una imprudente sobreactuación de filtraciones y boicots internos en ambos partidos, y sería un error que ahora ocurriese lo mismo. Y mayor equivocación aún sería que Sánchez transigiera con Iglesias, que es quien dinamitó el pasado mes de julio, con su campaña de acoso a la Monarquía, un acuerdo que estaba prácticamente cerrado.

Si Iglesias está utilizando su vicepresidencia para agrietar el Consejo de Ministros y generar una inestabilidad política inédita, incluso justificativa de la violencia en las calles, cabe deducir que haría exactamente lo mismo en el órgano de gobierno de los jueces. Sobre todo, porque su único objetivo es socavar la independencia judicial para lograr que los Tribunales se sometan a su ordeno y mando.

El control ideológico de los jueces es esencial para Podemos, y por eso lo auténticamente crucial para la solidez del sistema es que no acceda a una institución para cuya renovación no se necesita en realidad ni uno solo de sus votos. El régimen de mayorías establecido legalmente lo cumplen con creces el PSOE y el PP, y a ellos corresponde avanzar.

Se trata de alcanzar acuerdos de Estado indispensables para España, y no de acometer un mero intercambio de cromos. Pero sobre todo se trata de que el Gobierno renuncie a esas reformas legales con las que pretende cambiar las reglas del juego a mitad de partido, y de impedir que Moncloa designe de modo arbitrario un CGPJ a su medida.

Pablo Iglesias mantuvo ayer un sospechoso silencio. En otras ocasiones, cuando es ninguneado por Sánchez, reacciona de modo virulento y de momento no lo ha hecho, lo que lo convierte de nuevo en imprevisible porque la tensión acumulada entre PSOE y Podemos no decrece.

Al contrario, la nueva regulación en materia de vivienda y la negativa socialista a aprobar la ‘ley Trans’ de Irene Montero vuelven a demostrar que la fractura se agrava.

El resultado es que España tiene uno de los gobiernos más inestables y anárquicos de Europa.

ABC