POLÍTICA Y DERECHO

Dialogar, y no digamos ya negociar, aceptando la tesis del interlocutor es perder el tiempo. O, más exactamente, rendirse de antemano. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez al aceptar que el problema catalán es político, no jurídico. Con lo que nuestro presidente dinamita la Constitución. Política y Derecho van del brazo en democracia, que se define como «el imperio de la ley», y quien tiene que decidir si algo es legal no son los políticos, sino los jueces.

En el momento que los gobernantes se arroguen esa función, su país habrá dejado de ser un Estado de Derecho, que es lo que Sánchez ha hecho al separar la política catalana de las sentencias de los más altos tribunales. Y no contento con desafiar a estos, lanza un guante al poder legislativo al poner en duda la legitimidad del Senado. «Me parece impropio -dijo- que el Senado pueda vetar las decisiones del Congreso». Lo impropio es que el Ejecutivo intente recortar los poderes que la Constitución otorga a la Cámara Alta.

Donde puede estar la causa de nuestros males. En que no se respeten las leyes. Y los primeros en no respetarlas son los gobiernos. El catalán, abiertamente. Los demás, con corrupción. Y el central, separando política y legalidad, arguyendo que el «mandato del pueblo» les legitima para ello. ¿Hay alguna diferencia con la dictadura? Sólo formal, pues desde ayuntamientos a la Moncloa se viene conculcando la ley siempre que pueden.

Y lo más grave no es eso, sino que buscan siempre que el tercer poder del Estado, la Justicia, ampare sus tropelías, ya con jueces adictos a su causa, ya negándoles autoridad para ello, como hizo Pedro Sánchez en su conferencia de prensa, que pasará a la historia como la apoteosis del embaucamiento. Predijo «un cambio de época». Pero se puede cambiar para bien o para mal, y los indicios no pueden ser más preocupantes.

Vivimos un momento crucial para España. Ya está en la Moncloa. Ya se ha sentado a «dialogar» con los independentistas. Ya tiene a los españoles adormecidos por el calor y las promesas de que va a arreglar desde la inmigración hasta la violencia de género, pasando por las pensiones, la sanidad y la educación.

Ya ha conseguido colocar a su gente en los puestos claves del Estado, desde el CIS al Instituto Cervantes, con sueldazos más altos que el suyo, por lo que harán lo posible y lo imposible para que siga gobernando. Su fuerza es su debilidad: si cae, caerán todos, incluido el secesionismo más radical, que tendrá que enfrentarse a gobiernos menos complacientes.

No me atrevo a hacer una predicción, dada la volatilidad de las circunstancias, lo equilibrado de las fuerzas y lo errático de las reacciones españolas. Ni siquiera él lo sabe, por lo que se anda con pies de plomo, sin fiarse de nadie ni de nada, incluida la última encuesta del CIS, que le da 9 puntos de ventaja sobre el PP. Si creyera en ella, estén seguros de que convocaría elecciones mañana mismo, como comentó ayer Ramón Pérez-Maura.

José María Carrascal ( ABC )

viñeta de Linda Galmor