23F. CAT

golpistas

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El Parlamento español (en realidad, las Cortes del Reino en sesión conjunta de Congreso y Senado) fue secuestrado por un grupo de hombres armados encabezados por el coronel Tejero el 23 de febrero de 1981. La finalidad del asalto no era matar a nadie -dispararon al techo-, sino impedir el funcionamiento normal de la representación de la soberanía nacional, que tras la dimisión de Adolfo Suárez, sentado aún en el banco azul como presidente del Gobierno, iba a proceder a su sustitución, si había votos suficientes por otro candidato de su mismo partido, Leopoldo Calvo Sotelo.

La dimisión de Suárez, en sus propias palabras, se produjo para “que la democracia no se convirtiera en un paréntesis en la Historia de España”. Y, de hecho, nada podía representarla mejor que la puesta en práctica de la Constitución -votada por amplísima mayoría tres años antes, en 1978- que prevé la sustitución de un presidente por otro, independiente o de alguno de los partidos representados, si cuenta con suficiente apoyo parlamentario.

El desarrollo anecdótico de los bochornosos acontecimientos y la gallardía de Suárez, que se quedó impávido en su asiento cuando los secuaces de Tejero ametrallaron el techo y los diputados y senadores se arrojaron al suelo, nos han hecho olvidar que el mayor éxito de Suárez no fue su valor físico, sino el valor político de dimitir para evitar el triunfo de un golpe de Estado. Lo más importante, institucionalmente hablando, no fue el discurso del Rey en TVE, ni la admonición a los jefes de los partidos una vez liberados, ni la gran manifestación en apoyo del régimen constitucional, sino el funcionamiento de ese régimen al día siguiente eligiendo a Calvo Sotelo como estaba previsto.

Ese régimen de 1978, triunfante en 1981, es el que quieren destruir los golpistas atrincherados en otro Parlamento, el regional catalán, en 2018. La diferencia es que, ahora, son los diputados del cuarticiclo -la mitad del hemiciclo- los que interrumpen el desarrollo de la representación popular, amenazan a la otra mitad de los diputados, atacan a las FAS e insultan al Rey y al Estado mismo por defender el orden constitucional.

Ahora, además, la izquierda -socialistas y comunistas- y la televisión apoyan a los golpistas presos frente a la ley.

Federico Jiménez LoSantos ( El Mundo )