¡ AL LADRÓN, LA LADRÓN !

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¡ AL LADRÓN, AL LADRÓN !

El carterista, maestro en el arte de la distracción, huye del escenario de sus fechorías señalando hacia delante y gritando: “¡Al ladrón! ¡Al ladrón!”. El rebaño corre hacia donde apunta el dedo y agrede a un guardia jurado vestido de paisano. Cuando el chorizo comparece por fin ante el juez, su abogado alega que fue hurto y no robo y que el reo era un veterano de guerras patrióticas, muy apreciado por sus vecinos, en tanto que el guardia jurado debería haber vestido un uniforme que lo identificara. El juez se conmueve y el preso recupera la libertad para volver a las andadas.

Introduzcamos un cambio en la dimensión del libreto. Quien huye es un híbrido de Atila, Terminator y Don Corleone, cabecilla de una banda creada para apropiarse de un territorio amputándolo de su hábitat natural, que escapa de las fuerzas del orden explotando la credulidad de una masa gregaria que lo sigue, mientras él vocifera “¡Salvadme de la dictadura fascista!”. Y apunta con el dedo a un juez togado.

En este guion, el fugitivo salta de un piso franco deluxe a otro hasta que… ¡milagro!, en el entorno que parecía más hostil lo recibe gente amiga. “Hola, Carles Puigdemont. Bienvenido a Schleswig-Holstein. Aquí transmutaremos sus mentiras dolosas en verdades incontestables, porque nos cae simpático”. (Ver: “Políticos presos, no presos políticos”, de Javier Cercas, El País, 12/4).

Los episodios siguientes son de sobra conocidos, pero conviene rescatar algunos detalles para compensar, en una mínima parte, el daño inferido a España y a los 3.550.000 catalanes ninguneados por los 2 millones de secesionistas y, por lo tanto, víctimas de los rufianes sublevados. En primer lugar, el ministerio fiscal de la región que recibió la euroorden de detención y extradición aprobó su cumplimiento.

Y en segundo lugar, los mismos tres jueces que negaron la extradición con argumentos farisaicos desbarataron una de las falacias favoritas de los secesionistas y dictaminaron que el capo di tutti capiy sus cómplices no eran acosados por razones políticas. Los tres jueces reconocieron que los presos y los prófugos habían instigado y encabezado un proceso violento, aunque -según su criterio- no hasta el punto de convertirse en el delito de alta traición castigado por la ley alemana. Y negaron explícitamente que los persiguieran por sus ideas. Fuera los lazos amarillos.

Queda en pie el tema de la malversación de caudales públicos, pendiente de los caprichos, ya que no se puede confiar en las razones, de los tres jueces de la región alemana. Pero, aunque también lo rechacen, deberá ser centro de una campaña de esclarecimiento dentro de la sociedad catalana.

Si es motivo de escándalo y de descrédito político que Cristina Cifuentes haya cometido una patética infracción moral que no cancela sus méritos como presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿qué sanción se debe aplicar a un jerarca que, según la Guardia Civil, ha metido la mano en los bolsillos de todos los contribuyentes para malversar 1,7 millones de euros de fondos públicos con los que se financió una operación política ilegal? Según el Código Penal, le corresponden hasta 12 años de prisión.

Ahora, a mitad de camino entre el hampa pura y dura por abajo, y la plana mayor del supremacismo por arriba, brotan en Cataluña los Comités de Defensa de la República. Son vástagos de las fuerzas de choque que sembraron y siembran el terror desde los años 1920 en todos los Estados totalitarios de izquierdas y de derechas, y que actuaron y actúan con fines intimidatorios y disociadores en los países democráticos. Encajan como anillo al dedo en el genoma violento que la Guardia Civil detecta en el movimiento secesionista. Genoma violento que predomina en la variopinta franja maximalista encabezada por Puigdemont, lo que justificaría con creces el acatamiento de la euroorden para la extradición del prófugo.

En fin, habrá que confiar en que los dos millones de ciudadanos que cayeron en las redes de los timadores profesionales palpen con sus propias manos la magnitud del desastre social y económico que estos indecentes provocaron con sus desafueros. Y que al descubrir la estafa de que han sido víctimas hagan suya aquella sentencia que no me canso de repetir y que dictó Màrius Carol, harto de su propia complicidad con los embaucadores (LV, 14/12/2017): “O enterramos el procesismo o cavará nuestra tumba”. (Ay, la complicidad se reactiva, y el 11/4 leo en el editorial del diario que dirige Carol, en defensa de los procesistas radicales de los CDR encausados por terrorismo: “El rigorismo no es buen consejero”. ¿Manos libres para el procesismo que cavará nuestra tumba si no lo enterramos antes?).

Y para enterrarlo habrá que impedir que los siempre astutos estrategas del proceso consumen, con fingido pragmatismo, la“reiteración delictiva” que el juez Llarena se esfuerza en impedir, recordando que la legislación alemana, hoy tan en boga, prohíbe los partidos secesionistas.

Eduardo Goligorsky ( Libertad Digital )