EL CARO PRECIO DE LA TEMERIDAD SEPARATISTA

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EL CARO PRECIO DE LA TEMERIDAD SEPARATISTA

Que la inseguridad jurídica provocada por el órdago separatista conlleva un coste, y que ese coste repercutirá sobre los bolsillos de todos los españoles -incluyendo los catalanes-, es algo que ya sabíamos. Que las agencias de calificación, como Moody’s, han degradado la nota de la deuda catalana hasta el bono basura es también conocido. Que los bancos de inversión, como JP Morgan, desaconsejan apostar por España y hacerlo mejor por Portugal a causa de la inestabilidad que se ha apoderado de Cataluña y afecta a la coyuntura de todo el país, se supo a comienzos de esta misma semana. Pero aún no contábamos con un pronunciamiento al respecto del Banco de España. Hasta ayer.

Es la primera vez que el organismo dirigido por Luis María Linde incluye a Cataluña como factor de riesgo directo para el crecimiento de nuestra economía. Es cierto que la desaceleración de la economía ya estaba prevista, pero el Banco de España -con su habitual lenguaje cauto y medido- avisa de que “las tensiones políticas en Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación” del Estado en los mercados de deuda.

 El mejor termómetro de esa incertidumbre serán las oscilaciones de la prima de riesgo, que de momento no ha registrado alteraciones reseñables pero podría hacerlo en caso de alarma política o social en Cataluña. Así es como una región históricamente considerada la locomotora económica de España ha pasado a ser, por obra y efecto de la involución ideológica que representa el nacionalismo exacerbado, una rémora para el PIB nacional.

Pero la irresponsabilidad de los gobernantes catalanes no deben pagarla sus ciudadanos. Por eso el ministro Luis de Guindos anunció ayer una nueva inyección a la Generalitat de 1.971 millones con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. Una decisión justa que lamentablemente no servirá para quebrar el argumento victimista y la falacia del “España nos roba”, pues no nos encontramos ante un proceso de razones, sino de emociones. Fue la gestión desastrosa del gobierno de Mas la que precipitó la necesidad del rescate por parte del Estado, pero el ex president impulsó el procés para excusar su fracaso ante los ciudadanos, desviando así la diana de su indignación hacia Madrid. Conviene recordarlo en vísperas de los lodos de desorden público que pueden provocar finalmente aquellos polvos de cobardía y temeridad.

Entretanto, la acción judicial no se detiene en defensa de la ley. La Guardia Civil intervino ayer un centenar de urnas y dos millones y medio de papeletas ilegales, mientras los Mossos d’Esquadra afirman que se reservan en exclusiva la decisión operativa sobre el cierre de centros de votación. Que para ello invoquen la misma doctrina torticera formulada por el consejero Forn -la seguridad ciudadana es un bien a proteger superior al propio cumplimiento de la ley- solo es otra prueba más que se acumula sobre el cerro de ambigüedades que mantiene en vilo al Gobierno respecto de la lealtad del Cuerpo dirigido por el mayor Trapero. La estrategia desleal sigue un recorrido circular: el separatismo reparte guías para formar colas gigantes de buena mañana en las puertas de los colegios, y de ese modo facilitan que los Mossos puedan ampararse en la nutrida concurrencia para no tener que impedir la votación, como es su deber.

Para terminar de añadir presión, arrecia la protesta de la comunidad estudiantil -tradicionalmente dirigida por los más radicales-, hasta el punto de manifestarse ante un cuartel de la Guardia Civil. Mientras tanto, Reporteros sin Fronteras denuncia el acoso organizado que el independentismo está ejerciendo sobre los profesionales de la información. Que como es bien sabido, es la primera víctima que se cobra la destrucción del orden legal por la vía de los hechos y de la propaganda.

Los españoles asisten atónitos a este panorama. Su Estado no puede defraudarles.

El Mundo

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