HAY QUE DRENAR LA CLOACA DIGITAL

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HAY QUE DRENAR LA CLOACA DIGITAL

El odio no nació con las redes sociales: sólo se hizo más visible. Pero esa visibilidad genera un efecto mimético, difunde un contraejemplo que anima a otros y termina socavando la moral pública. Por eso internet exige regulación: porque no es un plano virtual de la vida, sino la vida real expresándose a través de las nuevas tecnologías.

Las redes sociales no pueden convertirse en guetos indeseables donde no entre el Estado de derecho. Los tribunales -hay sentencias recientes y se abren nuevas investigaciones- van poco a poco llenando la laguna jurídica de una anomia digital de la que se sirve el agresor anónimo para dar rienda suelta a sus peores impulsos. Que se perpetúan porque viajan en cuentas anónimas, cápsulas de impunidad que resguardan y envalentonan al delincuente.

A diario experimentan el fenómeno políticos, artistas, periodistas y cualquier ciudadano con perfil público, y expuesto por ello a la cobardía, la envidia o el rencor internauta. Los agresores –trolls, en jerga tuitera- creen que el famoso lleva en la fama una penitencia que les toca a ellos administrar, pero un famoso sigue siendo un ciudadano. Con todos sus derechos.

Quienes al oír hablar de regulación claman enseguida por la mengua de la libertad de expresión olvidan que el presunto conflicto entre dos derechos fundamentales -la libre expresión y el honor de la persona- es un falso dilema que hace tiempo dirimió el código penal. Y hace aún más tiempo que lo solventó el principio de daño de Stuart Mill, según el cual la voluntad soberana del individuo ha de limitar con la prevención del daño ajeno. Como periódico, nosotros mismos somos los primeros defensores de la libertad de expresión; pero porque conocemos bien sus efectos, somos los mayores demandantes de responsabilidad en su uso.

Por tanto es lícito preguntarse, como hace ahora el PP a raíz del intolerable ataque sufrido por Alicia Sánchez-Camacho -como lo padecieron antes Inés Arrimadas oIrene Montero-, si contamos con legislación suficiente y eficaz para drenar la cloaca digital de odios, amenazas, brindis por la muerte de un fiscal y deseos criminales contra el adversario ideológico. No parece que la exigencia de identificación previa para usar las redes sea buena idea, no ya porque internet también da voz a identidades perseguidas, sino porque en la inmensa mayoría de los casos ha de imperar la benéfica extensión de libertades que su invención ha procurado.

La solución apunta más bien al ámbito de la legislación europea, de una de cuyas directivas partió la jurisprudencia que está permitiendo proteger el derecho al olvido. Si el olvido en la Red es reconocido, cuánto más no habrá de serlo el respeto. Puede haber anonimato; lo que no puede haber es impunidad.

El Mundo