El cerco Judicial a la Junta de Andalucía

10989163_524920467648093_5299956473990968258_n (1)

El cerco judicial a la Junta de Andalucía suma casi 600 imputados y 4.316 millones bajo sospecha.

Una treintena de juzgados andaluces investigan casos de manejo ilegal y sin control de fondos públicos.

Han dejado de abrir los telediarios y de ocupar titulares a cinco columnas, pero nunca antes se habían acumulado en los juzgados tantas causas pendientes por corrupción que involucran a gobiernos de Andalucía. La «red clientelar» tejida en torno al fondo de la Junta para subvencionar despidos (caso ERE) en empresas fue sólo el principio de una infección que se ha hecho metástasis en el sistema de la única Autonomía en España que no ha conocido la alternancia política en más de tres décadas. Tras él, durante el último lustro han estallado como minas de espoleta retardada hasta ocho escándalos más relacionados con el manejo indebido de fondos públicos que han dado pie a treinta procedimientos judiciales simultáneos, con 584 imputados y más 4.300 millones de euros bajo la sombra de la sospecha.

Los políticos investigados, algunos por varios sumarios a la vez, ya no ocupan la primera línea. Ninguno de ellos ha sido juzgado. Pero los andaluces han pagado una factura incalculable. Desde hace más de un año, la Junta ha impuesto un apagón informativo sobre el dinero recuperado porque no hay nada que cuantificar. Sólo en 2014 la Comunidad a la cabeza de paro en la Unión Europea tuvo que devolverle al Estado 227 millones en fondos para combatir el desempleo porque la Junta dejó de financiar cursos desde 2011 al extenderse la mancha de las irregularidades. Éstos son los principales sumarios que hoy asedian al mayor monopolio de poder del PSOE.

Si existiera un Guinness Records de la corrupción española, el caso de los ERE falsos financiados por la Junta de Andalucía ocuparía el primer puesto, desbancando al «caso Malaya». Después de cinco años de pesquisas, la cifra de investigados llega a 276. El pasado lunes sumó uno más a la lista. Algunos han fallecido antes de sentarse en un banquillo porque juicio señalado no hay. Tirando del hilo de las grabaciones de dos directivos de Mercasevilla que exigían comisiones ilegales a empresarios a cambio de ayudas autonómicas de formación, la juez Mercedes Alaya -que en junio cambió el juzgado por la Audiencia de Sevilla- descubrió, casi por casualidad, a los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja hispalense financiado por la Administración regional y al conseguidor de las ayudas por antonomasia, Juan Lanzas. El exdirigente de UGT que tenía tantos billetes que podía «asar una vaca con ellos», según espetó su madre a unos guardias civiles en un registro, comparte protagonismo con el exdirector general Francisco Javier Guerrero en la galería de personajes que ha dado esta trama.

Nueve aforados han tenido que declarar ante el Supremo y otros cuatro exconsejeros ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El caso ERE acabó con las carreras políticas de dos tótemes del PSOE, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Juntos han gobernado la Comunidad durante casi un cuarto de siglo. La sustituta de Alaya en el juzgado, María Núñez Bolaños, mantiene una causa troncal y ha desgajado seis piezas de ella. El juez de refuerzo Álvaro Martín investiga el procedimiento «ilegal» de concesión de ayudas (855 millones en total) que afecta a los expresidentes y a 49 ex altos cargos.

http://www.abc.es/espana/abci-cerco-judicial-junta-suma-casi-600-imputados-y-4316-millones-bajo-sospecha-201602250238_noticia.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*