El desafío independentista

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El Gobierno pide al TC que abra la vía penal contra Carme Forcadell.

Lo anunció el Gobierno nada más aprobar el Parlament el miércoles la resolución que llevaría a un referéndum unilateral de independencia y a la “desconexión» de España, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, y ayer lo llevó a cabo con la presentación ante el Tribunal Constitucional de un incidente de ejecución de sentencia, en el que se solicita tres medidas concretas, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría: nulidad de la resolución, suspensión de la misma y la adopción de una serie de medidas para hacer para hacer efectivo el acuerdo del pasado día 19, en el que se advertía al Parlament de que habría «consecuencias» si continuase con el «procés».

Entre esas medidas destaca la petición del Ejecutivo al Alto Tribunal de que deduzca «el oportuno testimonio de particulares» para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la presidenta del Parlament de Cataluña por incumplir la sentencia» del 2 de diciembre de 2015 del TC, en la que se declaró la nulidad de la declaración soberanista. Es decir, pide que se abra la vía penal para que se pueda actuar penalmente contra Carmen Forcadell.

Y es que, según señaló la número 2 del Ejecutivo, Forcadell “ha podido incurrir en un delito” al haber incluido en el orden del día la votación de la resolución del Paralment ahora recurrido, y, por tanto, desobedecer tanto la decisión del TC de diciembre de 2015 como al auto del pasado 19 de julio. Por ello, se pide que remita al Fiscalía el conjunto de las actuaciones para que, “en s ucaso” uieda actuar contra Forcadell, porque se ha vulnerado una decisión judicial.

Junto a ello, se requiere a los miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general y al propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que abstengan que realizar cualquier actuación que pueda dar cobertura a decisiones que vulneren las resoluciones del Alto Tribunal. De esta forma, “señala” de forma expresa contra quienes se podria actuar penalmente si persisten en tramitar iniciativas que supongan un “desacato” al Tribunal Constitucional.

La Razón

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