LA CÍNICA ESTAFA DEL REFERÉNDUM

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LA CÍNICA ESTAFA DEL REFERÉNDUM

Si el dimitido Artur Mas tuvo la desfachatez de encubrir el simulacro del 9-N como un proceso participativo financiado por las bases independentistas, Carles Puigdemont impulsó el 1-O al amparo del respaldo económico de su Gobierno. Puigdemont y sus socios ejecutaron la operación con la mayor opacidad posible, conocedores de la ilegalidad de un proceso suspendido por el Constitucional. De ahí la ocultación a Hacienda de la compra de urnas o del abono de la web y el anuncio del referéndum. Sin embargo, la investigación alrededor del 1-O acredita que las autoridades catalanas tuvieron el descaro de recurrir a las ayudas del Estado para costear una votación que vulneraba el marco constitucional.

Según el juez que indaga el 1-O, el Govern desvió hasta tres millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para financiar la consulta. El gasto habría sido descubierto gracias a la documentación incautada por la Policía Nacional a los Mossos cuando éstos intentaban llevarlos a una incineradora. Este último extremo, de confirmarse, sería particularmente grave en la medida en que corroboraría la implicación de la policía catalana en la hoja de ruta insurreccional del depuesto Govern. En todo caso, los avances en la investigación revelan el cinismo mayúsculo con el que actuó la Generalitat.

El FLA es uno de los mecanismos establecidos por Hacienda para inyectar liquidez a las comunidades con las cuentas sin sanear. Cataluña es la autonomía más endeudada, ya que arrastra unas ayudas de 77.000 millones de euros. En este contexto, Puigdemont se permitió el lujo de desviar fondos estatales para organizar una consulta cuyo objetivo último es, precisamente, separarse del Estado del que depende económicamente. Un temerario e impresentable ejercicio de hipocresía que desnuda la endeblez financiera de quienes aspiraban a fundar una nueva república.

El uso de dinero procedente de Hacienda para la consulta refuerza la argumentación para sustentar el delito de malversación de fondos públicos -incluido en las querellas de la Audiencia Nacional y el Supremo-, pero también deja al descubierto la debilidad de los mecanismos de fiscalización del Gobierno para controlar el FLA. Que los hechos investigados se produjeron antes de la aplicación del 155 no puede servir de subterfugio. Primero porque Hacienda comprometió un control estricto del destino final de estas partidas.

 Y, segundo, porque el 155 no parece haber frenado la propaganda del procés, tal como muestra el reciente documental sobre el 1-O emitido por TV3. Una producción sesgada, al más puro estilo del NO-DO, que perpetúa el manipulador relato con el que el independentismo disfraza de democracia lo que fue en realidad un intento de liquidar la soberanía nacional. El colmo es haberlo hecho con fondos públicos gestionados por el Gobierno central.

El Mundo

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