La huelga salvaje del Metro

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El chollo de trabajar en el Metro (I): 11 días de asuntos propios, hasta 71.000€ de sueldo y derecho a llegar tarde.

Madrid no es la ciudad del millón de cadáveres del famoso poema de Dámaso Alonso en ‘hijos de la ira’, pero la región sí encaja en una definición menos poética como el ínclito zapato del cuento en el pie de Cenicienta: la de los tres millones de viajeros de Metro y Cercanías, arrojados a andenes transformados en trampas por la enésima huelga de dos de los tres transportes públicos más señeros.

¿Pero es cierto que los paros son en beneficio del servicio? Más aún, ¿son un ejemplo de lucha obrera en el que, pese a las terribles incomodidades, pueden verse reconocidos los damnificados de cada jornada de huelga? ¿Están en juego derechos para todos o, por el contrario, el mantenimiento de un estatus inalcanzable para el común de los mortales?.

Para empezar, digamos el gasto general y la plantilla. 6.641 personas trabajan en el Metro de Madrid al cierre del último ejercicio completo, el de 2015, con un coste conjunto de 350 millones de euros sobre un presupuesto total de mil millones. Para este año está previsto gastar otros treinta, hasta llegar a los 380.

Empezando por las retribuciones. Un ejemplo. La menor de todas ellas corresponde a la categoría de ‘mozo de limpieza’, dotada con más de 23.000 euros sólo de salario base. Hay que sumarle un variado catálogo de pluses y complementos y, además, un premio lineal para los casi 7.000 empleados del servicio público: la llamada ‘paga de convenio’, casi 1.400 euros extra que de facto suponen una tercera paga extra para toda la plantilla y eleva a quince las mensualidades abonadas por la empresa pública.

Por arriba, un Jefe de División del Metro de Madrid roza el sueldo de Mariano Rajoy, situado en los 78.000 euros anuales: el empleado del suburbano se queda en 71.000 euros, a los que hay que sumarle ‘unienios’ (aquí no se espera al célebre trienio para mejorar la nómina), la paga de convenio y una miríada de complementos que, de facto, pueden acabar rebasando los ingresos del inquilino de La Moncloa.

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