LA IMPUNIDAD DE PUIGDEMONT TOCA A SU FIN

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LA IMPUNIDAD DE PUIGDEMONT TOCA A SU FIN

El auto del juez Pablo Llarena, por el que el Tribunal Supremo retira sendas euroórdenes de detención contra Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos, supone una medida coherente que refuerza los argumentos del magistrado para asegurar su acusación por rebelión contra el Govern en pleno y contra parte de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta Forcadell. Y coloca al ex president ante la disyuntiva de perpetuar su huida, disfrutando de libertad de movimientos fuera de Cataluña, o someterse a la acción de la Justicia en el momento en el que pise suelo español. Su juego ha terminado.

El primer vistazo al titular pudo generar confusión. Pero al pedir que Bélgica archive su procedimiento de extradición, Llarena evita que las acusaciones formuladas contra los golpistas puedan quedar desnaturalizadas, ya que el ordenamiento belga no contempla como delitos ni la sedición ni la rebelión. Hasta ayer, la entrega de Puigdemont y los cuatro ex consellers podría haber quedado condicionada a que no tuviesen que responder por tales delitos, sino por otras menos graves como la malversación. Tal impunidad sería inaguantable.

No se trata, por tanto, de que el juez Llarena corrija las decisiones de la magistrada Carmen Lamela, que fue quien emitió la euroorden cuando instruía la causa desde Audiencia Nacional. El auto del Supremo pretende que todos los investigados, que han quedado ya bajo su competencia, sean juzgados por los mismos delitos, y especialmente por el de rebelión, que implica que ha sido cometido por una pluralidad de personas, por lo que todas han de ser consideradas de la misma forma.

Una circunstancia hasta ahora imposible, porque los acusados dependían de la Justicia belga, cuyas decisiones España está obligada a respetar y acatar. Ante esta nueva situación, Puigdemont no puede seguir alimentando su sainete particular para eludir sus responsabilidades, tanto políticas como penales. Debe ya regresar a España y someterse a la acción de la Justicia, como ha hecho el resto de los que participaron en el fracasado golpe institucional. Sería lo valiente y lo honesto con la causa que dice defender, y haría un favor a todos los españoles, que tienen que soportar el deterioro de la imagen del país que se está propalando por todo el mundo.

Hay que felicitarse por el giro que ha imprimido el Supremo a la investigación. Una brillante estrategia jurídica para que el ex president responda penalmente por todo lo que tiene que responder, y donde tiene que hacerlo. El auto de Llarena tendrá además un efecto inmediato cuando Puigdemont previsiblemente salga elegido diputado el 21-D: no podrá tomar posesión del escaño antes de prestar declaración ante el juez. Pero de su ya negro destino -la cárcel o la huida permanente- él es el único responsable.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor

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