LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA VA ABRIÉNDOSE PASO

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LA NORMALIDAD DEMOCRÁTICA VA ABRIÉNDOSE PASO

Que el poder judicial ha renovado su compromiso escrupuloso con la aplicación de la ley lo prueba el hecho de que cuatro de cinco magistrados secundaran ayer la actuación de la juez Lamela, y desestimaran por tanto los recursos que pedían la excarcelación de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Que el PDeCat presione sobre ERC para reeditar una lista conjunta, que Ada Colau se postule como guía providencial de Cataluña en ausencia de competidores y que Iglesias intervenga la facción catalana de su marca por desviacionismo independentista son evidencias indirectas de que los partidos ya están inmersos en la preparación de sus estrategias de campaña.

La Justicia por un lado, la política por otro: así es como han de discurrir los poderes separados en una democracia europea. Demostrando una vez más, contra las profecías del caos que se desencadenan en cuanto el Estado de derecho se decide a defenderse, que ni la impunidad ni el pasteleo son la manera decente ni eficaz de resolver los problemas.

Pero estas señales de normalidad democrática no significan todavía que el vodevil protagonizado por Carles Puigdemont toque a su ansiado final. Él mismo lucha por mantenerlo vivo en su refugio bruselense, donde goza del foco que se prodiga a los personajes exóticos. Desde allí ha hecho saber su voluntad de concurrir a las elecciones del 21 de diciembre. Confirma así que su conciencia permanece ajena al daño político que ha causado a su partido, al daño penal que ha infligido a sus ex compañeros encarcelados por riesgo de fuga y al daño económico que padece la comunidad autónoma que él mismo llevó al desastre en tan sólo dos años de ejecutoria.

Pero mientras Puigdemont sueña con la prolongación de su carrera, la magistrada que instruye la causa contra el Govern por los delitos de malversación, sedición y rebelión ha dictado orden de detención europea e internacional contra él, en cumplimiento de lo solicitado por la Fiscalía. A partir de ahora corresponde a la justicia belga tramitar su puesta a disposición de la justicia española, que se puede alargar días o incluso semanas. Tardará más o menos, pero Puigdemont acabará pagando en su país el daño que a su país hizo. Es lo justo, lo que sucede en los Estados europeos que protegen los derechos de sus ciudadanos y que desoyen grotescas acusaciones de factura nacionalpopulista.

Los comicios del 21-D han de servir para terminar de encauzar la crisis en Cataluña. Hasta que llegue esa fecha, sin embargo, lo previsible es que el independentismo embarre el terreno de juego todo lo que pueda, precisamente porque le aterra la restauración de la normalidad constitucional, que supondría su histórico fracaso. Llamamientos a la desobediencia, convocatorias de huelgas generales y de manifestaciones independentistas como la del próximo domingo, lenguaje incendiario, amenazas de insumisión, negativa a asumir el cese del Govern, victimismo relanzado bajo el pretexto de los autos judiciales: el catálogo argumental del separatismo es conocido, y a estas alturas no debería impresionar a nadie.

Lo que no debe permitir el Estado es que ninguno de esos obstáculos altere el rumbo del restablecimiento del orden legal que ya está en marcha, y que progresa bajo el ruido y la propaganda. En paralelo, los partidos constitucionalistas han de armar un relato atractivo para competir en las urnas con aquellos que han hundido a Cataluña en el descrédito y la inestabilidad.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor