LA NOTICIA DEL DÍA Y NO ES BROMA

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LA NOTICIA DEL DÍA Y NO ES BROMA.

El exjuez Garzón exige al Gobierno que pida perdón por el Valle de los Caídos.

Baltasar Garzón, ex juez inhabilitado por prevaricación, vuelve a la carga contra el Valle de los Caídos. Un monumento que mientras que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero repartía cuantiosas subvenciones no preocupaba a los defensores de la llamada Memoria Histórica, es ahora el principal foco de sus ataques. Junto a otros dos abogados que se han hecho famosos por dedicarse a intentar estirar la polémica ley ideológica, Eduardo Ranz y Manuel Ollé, ha presentado una petición al Ministerio de la Presidencia para pedir, entre otras cosas, la “convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación de pleno reconocimiento y reparación moral”. Una exigencia que jamás se planteó al Gobierno socialista anterior. Una muestra de que la intención clara de los letrados es considerar al PP como los herederos del franquismo.

Pero las peticiones no se limitan a esta cuestión. Hay otras seis que la acompañan. En primer lugar, piden la anulación de la legislación por la que se rige el Valle de los Caídos. Es decir, la derogación del “ Decreto de 1 de abril de 1940 y del Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957”.

También piden la aprobación de “una disposición de carácter general que establezca un nuevo marco jurídico (…) por el cual haya de regirse el Valle de los Caídos”. A continuación pide que el conjunto monumental se convierta en un “espacio de memoria” -como si no lo fuese ya- que incluya un lugar de identificación de quienes se encuentran inhumados. No especifica si se trata de los inhumados de uno de los bandos de la guerra o de los dos, pero dada la parcialidad de la Ley de Memoria Histórica debe referirse solamente a una de ellas.

La exhumación de los restos de Franco y José Antonio, es otra de las peticiones que hacen los tres abogados al Monisterio de la Presidencia. Una retirada de cuerpos que, de no contar con la aprobación de sus familias, podría constituir un delito de profanación.

También exigen la dotación económica, por parte del Estado, para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas inhumadas. Nuevamente no dejan claro a qué víctimas se refieren, si a todas o vuelven a dejar fuera a quienes fueron esesinados por los republicanos. Además, es una reivindicación que queda desestimada por un estudio, encargado por Patrimonio Nacional, en el que quedaba clara la imposibilidad técnica de realizar esas exhumaciones.

Finalmente pide que se fuerce a la Comisión, creada mediante Real Decreto 663/1984, de 25 de enero. Su cometido era el de elaborar y elevar al Gobierno una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Una comisión que, por cierto, se creó baja un Gobierno socialista presidido por Felipe González, de quién él fue diputado desde 1993 hasta 1994.

Las argucias del ex magistrado inhabilitado no terminan aquí, ya que dice en el escrito que firma junto a Ollé y Ranz, que en caso de no recibir respuesta en el plazo de 45 días entenderá que la petición ha sido admitida a trámite.

La Gaceta

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