A LA TITULAR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE ZAMORA

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A LA TITULAR DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 3 DE ZAMORA

La jueza GUILLERMA MONGIL SAN JOSÉ
ha condenado al periodista Hermann Tertsch a pagar 12.000 euros al padre de Pablo Iglesias, (miembro del grupo terrorista FRAP) Francisco Javier Iglesias Peláez, por dirigirse al progenitor de este, y abuelo del secretario general de Podemos, Manuel Iglesias, ya fallecido, como un “asesino” en el artículo publicado en el diario ABC el pasado 17 de febrero de 2016, bajo el título El abuelo de Pablo.

Al periodista se le imputa un delito de daños y perjuicios, y además de la indemnización, tendrá que correr con los gastos judiciales y procesales, más los intereses que correspondan.

Para que se entere dicha jueza con aparentes tintes del mas extremo rojerio
El abuelo de Iglesias fue juzgado por hacer sacas

En el libro Disputar la Democracia, publicado por Pablo Iglesias habla de su abuelo, Manuel iglesias Ramírez, al que define como un “demócrata español, socialista y creyente” y del que dice que fue condenado a muerte, pena que fue conmutada a 30 años de los que solamente cumplió cinco. La causa de esta condena, según el líder de Podemos, fue haber presidido un tribunal militar de la República.

Leyendo la documentación del proceso penal del abuelo de Pablo Iglesias, cosa que la rojijueza no debe haber hecho, se ve claramente que esas afirmaciones son falsas.

Sacas, represión y fusilamientos

Por mucho que diga Pablo Iglesias que su abuelo fue un demócrata, y que el propio Manuel Iglesias escribiera que “yo jamás, conscientemente, he causado mal a ninguna persona, pensare como pensare”, las pruebas que contiene el proceso judicial son claras. Su condena por participar en una “rebelión militar”, no se basa exclusivamente en su pertenencia al tribunal anteriormente citado, en el que ingresó en agosto de 1937, sino precisamente por sus andanzas antes de esa fecha.

En la declaración de María Ceballos Zuñiga y Solís, Marquesa viuda de San Fernando, natural de la localidad de Villafranca de los Barros (Badajoz) igual que Manuel Iglesias, el abuelo de Pablo Iglesias estaba en la partida de milicianos que el 7 de noviembre de 1936 detuvo a su marido, Joaquín Dorado y Rodríguez de Campomanes, Marqués de San Fernando, y a su hermano, Pedro Ceballos. Ambos fueron entregados a la checa de milicias situada en la calle Serrano 43 y fusilados en la Pradera de San Isidro.

Junto al abuelo de Pablo Iglesias estaban, según varias de las declaraciones de implicados y testigos, Ángel Medel Larrea, Manuel Carreiro “el Chaparro”, Jesús Yuste “el Cojo de los Molletes”, Antonio Delgado “el Hornachego” y otros dos milicianos de los que solamente se conoce el apodo “el Vinagre” y “el Ojo de Perdiz”.

Al día siguiente de la detención fueron varios los empleados y vecinos de la casa de la calle del Prado número 20 los que fueron a pedir explicaciones a Manuel Iglesias, al que conocían los marqueses por ser de la misma localidad. Los testigos son claros en su declaración y explican que el abuelo del líder de Podemos les dijo que no le molestaran más, que lo “habían fusilado en la Pradera del Santo”.

Armas, represión e incendios

Entre las declaraciones de su actividad en Villafranca de los Barros, donde estuvo desde mediados de julio de 1936 hasta la toma del pueblo por la columna del ejército de Franco el 9 de agosto del mismo año, fue delegado gubernativo, entregó 80 fusiles, como el mismo reconoce en su escrito, a las milicias locales, y participa en la detención de los agentes de la Guardia Civil que se habían hecho fuertes en el cuartel. Varios de ellos serían fusilados después.

El abuelo de Pablo Iglesias también asegura que no se mató a nadie durante el dominio republicano del pueblo, en el que el actuó de delegado gubernativo. Sin embargo, bajo su mandato se prendió fuego a una de las iglesias locales usada como cárcel de derechistas y católicos, y a consecuencia de el murieron varios y muchos resultaron gravemente heridos.

Una carrera en el franquismo

El mismo abuelo lo explica que, nada más salir de prisión, fue colocado en el Ministerio de Trabajo, en la división de Seguro Obligatorio de Enfermedad, donde desarrolló una carrera profesional que le permitió dar estudios universitarios a los seis hijos que tuvo.

Todo apunta a que no fue una víctima de la represión del franquismo. Ni por la conmutación de su pena de muerte por la condena a 30 años, firmada por el mismo Franco, ni su excarcelación, cinco años después de su condena, que se debió a un sobreseimiento provisional de su causa ante la imposibilidad de continuar con la instrucción y por chocar con el “espíritu de las últimas disposiciones dadas” en el marco de la Justicia Militar.
Será jueza usted dirá lo que quiera pero a mi esta sentencia me parece muy de parte ( de Podemos).

Pedro José Santoyo

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