LOS MÉTODOS MAFIOSOS DEL INDEPENDENTISMO

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LOS MÉTODOS MAFIOSOS DEL INDEPENDENTISMO

Aunque los líderes independentistas siempre se ufanan del carácter pacífico de su movimiento, subyace a ese teórico pacifismo una raíz antidemocrática que debería haber hecho saltar las alarmas hace mucho. La Justicia viene siendo objeto de la ira del secesionismo desde los albores del procés. La agitación se desbordó en vísperas de la declaración unilateral de independencia, y ha terminado desembocando en coacción explícita a fiscales y magistrados, que denuncian represalias.

Rafael Catalá ha revelado que se han producido ya varios sabotajes. Ha trascendido que la fiscal jefe de Barcelona, Ana María Magaldi, sufrió el pasado fin de semana un ataque directo en su casa del Pirineo. Los investigadores tratan de averiguar si los actos vandálicos guardan relación con el proceso separatista, pero la propia Magaldi ya había denunciado amenazas en febrero. El ministro de Justicia ha advertido de que, durante las últimas semanas, algunas viviendas de magistrados en Cataluña han amanecido con pintadas amenazantes. La última, como contamos hoy, en la casa de Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado número 13 de Barcelona, que desmanteló la logística del 1-O.

No estamos, por tanto, ante acciones aisladas, sino ante la consumación del espíritu totalitario que anida en quienes, pese a todas las garantías que ofrece nuestra democracia, han legitimado la desobediencia como herramienta política. Cualquier intento de presión a un miembro del poder judicial supone un intolerable ataque al Estado de derecho. Pero en el caso de Cataluña, estos gravísimos y preocupantes excesos se producen en un contexto político concreto, generado desde la Generalitat tanto durante el mandato de Puigdemont como en el de Artur Mas, que hizo bandera del desacato a las leyes y a las resoluciones de los tribunales.

De ahí que la ANC no tuviera reparos en congregar a sus huestes a las puertas del Palau de Justicia de Barcelona coincidiendo con la causa del 9-N y durante las actuaciones judiciales posteriores al referéndum ilegal del 1-O, movilizaciones acaudilladas por la propia Carme Forcadell. Y todo ello en el marco de un ataque sin precedentes al orden constitucional perpetrado por las autoridades catalanas, cuya Ley de Transitoriedad constituye una aberración jurídica que, entre otras disposiciones, contemplaba la deposición de jueces desafectos a la causa.

Los métodos mafiosos del separatismo han provocado que muchos jueces que ejercen en Cataluña necesiten escolta para garantizar su seguridad, o que las peticiones para ser trasladados fuera de esta comunidad se hayan disparado. Son las onerosas y gravísimas consecuencias de la base autoritaria sobre la que se cimentaba el procés. Que nunca fue ni pacífico ni democrático.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor