LOS PELIGROS DEL DESAFÍO CATALÁN

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LOS PELIGROS DEL DESAFÍO CATALÁN

No es fácil entender la postura del Partido Socialista Obrero Español en la cuestión catalana. Mientras dice defender la unidad nacional, hace lo posible para poner palos en la rueda del Gobierno, en vez de cerrar filas junto a él. A estas alturas, practicar el funambulismo político sólo contribuye a dar alas al separatismo.

A principios de julio, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se estrecharon la mano en La Moncloa. Los medios lanzaron las campanas al vuelo porque los dirigentes de los dos partidos que hasta ahora han sustentado la legitimidad constitucional nacida del gran consenso nacional de 1978, estaban de acuerdo en utilizar todos los instrumentos previstos en la Constitución para cumplir y hacer cumplir la ley y el Derecho.

Pero poco duró la alegría en casa del pobre. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, se encargaría de echar un jarro de agua fría al declarar que el PSOE se opondría a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De nada sirvió que el histórico dirigente socialista Felipe González defendiera la necesidad de dar respuesta al independentismo con todos los medios constitucionales, sin exclusión. El propio Pedro Sánchez se encargaría de descalificarlo y, no contento con ello, a renglón seguido anunció su intención de negociar una solución alternativa con Podemos, amigo de todos los grupos independentistas que en España hay, y que no oculta su objetivo de acabar con el «régimen» antidemocrático y oligárquico impuesto en 1978 para conducirnos, alegres y confiados, hacia una sociedad bolivariana marxista.

Ignoro cuál va a ser la estrategia del Gobierno para abortar el procés catalanista. Supongo que habrá previsto cualquier contingencia. Pero tengo la impresión de que ni en Cataluña ni en el resto de España hay plena conciencia de que vivimos unos momentos cruciales para la estabilidad democrática de nuestra sociedad y de su sistema de libertades. No pretendo ser catastrofista, pero a cualquiera se le ocurre que si se echa gasolina al fuego se corre el riesgo de provocar un incendio incontrolable.

En 2003 publiqué un libro titulado Jaque a la Constitución. En él analizaba los diversos proyectos de reforma del Estatuto catalán de 1979, que acababan de iniciar su andadura en el Parlamento de Cataluña ante la indiferencia general. No tengo el don de la profecía, pero tras estudiar su contenido escribí: «A la vista de lo que está por venir, presiento que Cataluña lleva camino de convertirse en un nuevo problema… Estamos tan solo ante un juego de esgrima de los políticos. Sin embargo, en los juegos peligrosos puede pasar cualquier cosa. Y si Dios no lo remedia, la vida catalana está a punto de una radicalización sin precedentes por causa de la irresponsabilidad de alguno de sus políticos».

Catorce años después, nos enfrentamos a un referéndum ilegal, convocado y organizado por la propia Generalidad, para legitimar una declaración unilateral de independencia. De momento, sólo la violencia verbal ha hecho su aparición. Por fortuna, Terra lIure no es más que un sórdido recuerdo. Y no será fácil llamar a las barricadas revolucionarias a los ciudadanos de una Comunidad cuyo PIB per cápita en 2015 superaba los 27.000 euros, con un impresionante progreso económico, social y cultural. Pero en este insensato mundo todo es posible.

Cada día que pasa, el margen para un acuerdo político es más estrecho. Se recrimina al Gobierno por no haberlo intentado. En su descargo diré que un Gobierno constitucional no puede dialogar con quien le exige, como cuestión previa, el reconocimiento del derecho de Cataluña a destruir la unidad de España, pues no otra cosa se oculta en un eufemismo como el derecho a decidir.

En los debates constituyentes, el ponente de la Minoría Catalana, Miquel Roca, sostuvo que «nación de naciones» era un concepto innovador. Las nacionalidades «son aquellas identidades históricas y culturales… que vienen a configurar la realidad de la resultante en una España-nación, una nación española que en este sentido cobra su dignidad». El propio Jordi Pujol, tras defender la singularidad autonómica catalana, abogó por «un Estado equilibrado, un Estado fuerte, no en el sentido autoritario de la palabra, sino en el de la eficacia y en el de la capacidad de servicio; un Estado al servicio de sus ciudadanos, del orden y de la justicia. Por todo ello, nuestra minoría ha aceptado plenamente la Constitución, ha aceptado plenamente el marco constitucional».

Quizá porque ha leído apresuradamente los debates constituyentes, Pedro Sánchez pretende convertirnos en una «nación de naciones». Ha comenzado por conceder el título de nación a Cataluña y al País Vasco. Quizá algún día nos dé a conocer la lista de las demás naciones-Estado. O tal vez ha decidido volver a las fuentes históricas del PSOE, y, en concreto, al Congreso de Suresnes de 1974, celebrado en los estertores de la Dictadura franquista, en el que los socialistas acordaron la constitución de una «República federal de las nacionalidades», a las que se reconocía el «derecho de autodeterminación». De modo que a cada nacionalidad ibérica se le atribuía la facultad de «determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español».

Es cierto que el artículo 2º de nuestra Constitución reconoce la existencia de nacionalidades, pero a éstas sólo se les atribuye el derecho a la autonomía. No somos una unión, confederación o federación de naciones o Estados soberanos ni tampoco un Estado plurinacional. El único titular de la soberanía es el pueblo español y la propia Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, como patria común e indivisible de todos los españoles.

Ahora bien, aunque el pueblo español aceptara una reforma tan destructiva para la unidad nacional como la que propone Sánchez, la fórmula socialista no serviría para resolver el problema catalán. Porque los separatistas rechazan de plano formar parte de la nación española para convertirse en un Estado-nación independiente.

La idea de España como nación soberana, integrada por nacionalidades y regiones autónomas, mereció el respaldo de la gran mayoría de los españoles en el referéndum de la Constitución de 1978, incluidos los ciudadanos de Cataluña. En ella el sí obtuvo el 90,8% de los votos emitidos, con un porcentaje de participación del 67,6% del censo. Y no es ocioso recordar que el Estatuto catalán de 1979 fue refrendado por el 88,15% de los votantes, con una participación del 59,7%, y en el Estatuto de 2006 la participación fue sólo del 48,85% del censo, pronunciándose a favor el 73,9%, con un apoyo popular de apenas el 36% (1.881.765 votos de un censo de 5.222.464 electores).

No se puede exigir al Gobierno que negocie lo innegociable. La Generalidad ha llegado demasiado lejos y no hay síntomas de marcha atrás. Las Naciones Unidas sólo reconocen el derecho de autodeterminación o «derecho a decidir» a los territorios que padecen una dominación colonial o están sometidos a una discriminación social y cultural cuyo origen sea la dominación política de un pueblo sobre otro. ¿Puede alguien sostener seriamente que Cataluña está sometida a la opresión del Estado español? Todos los ciudadanos españoles, incluidos los catalanes, disfrutamos de los mismos derechos y la cultura o la lengua propia de cada comunidad están plenamente garantizadas. A mayor abundamiento, el Gobierno de España surge de la voluntad de un Parlamento que representa democráticamente, mediante elecciones libres y periódicas, a la totalidad de los ciudadanos españoles.

Hace tres años, defendí como solución al problema catalán la incorporación a la Constitución de una disposición adicional, similar a la que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, que dio cobertura constitucional al Estatuto vasco de 1979 y al Amejoramiento del Fuero navarro de 1982. Una nueva disposición adicional podría reconocer un estatus especial para Cataluña, basado en el principio de bilateralidad (que no debe confundirse con un régimen de soberanía compartida). Esta fórmula no afectaría al artículo 2º y bastaría con que fuera aprobada por las Cortes españolas, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución. Pero a la vista de la intransigencia non santa del independentismo catalán esta solución, como cualquier otra que pueda plantearse dentro de la Constitución, está condenada al fracaso. Difícil papeleta la del Gobierno. Y más si el Partido Socialista continúa con su pernicioso funambulismo político.

Jaime Ignacio del Burgo fue senador constituyente y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

El Mundo

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