POLÍTICA Y CLIENTELISMO

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POLÍTICA Y CLIENTELISMO

Se inicia hoy en Sevilla la vista oral de uno de los macrojuicios de mayor repercusión mediática y política de este país. Durante casi siete años de investigación judicial, el escándalo de los ERE de Andalucía (ayudas públicas otorgadas supuestamente de forma fraudulenta en expedientes de regulación de empleo entre 2001 y 2010) ha cuestionado la gestión y la honradez de los socialistas al frente de su principal feudo electoral, Andalucía, donde gobiernan ininterrumpidamente desde hace 35 años.

Las cifras y las sospechas son de peso. Durante una década, la Junta de Andalucía, presidida primero por Manuel Chaves y luego por José Antonio Griñán, otorgó 855 millones de euros mediante un procedimiento simplificado que aligeraba la burocracia.La primera instructora del caso, la juez Mercedes Alaya, llegó a acusar a los responsables políticos de haber ideado un sistema con el fin de facilitar el desvío de dinero público de manera arbitraria y sin control. Los acusados lo han negado con argumentos solventes. Hoy, tras desimputar a varios de los investigados y reducir la causa política a un solo caso en una instrucción que no ha estado a la altura debida, el tribunal juzgará a 22 ex altos cargos y la Fiscalía Anticorrupción acusa a Manuel Chaves de prevaricación y a José Antonio Griñán, de malversación.

Este macrojuicio es el colofón a siete años de agitación política y judicial en los que se ha puesto bajo sospecha a una forma de gestionar lo público. El escándalo ha sido una herramienta ideal para debilitar al rival político y denunciar el clientelismo generado por los socialistas en Andalucía después de tantos años en el poder. Es difícilmente demostrable la existencia de una estructura piramidal delictiva en la que estuvieran involucrados Gobiernos y Parlamentos de varias legislaturas andaluzas. Pero si de algo deben responder los gestores públicos es justamente de la buena administración de los caudales públicos; máxime cuando se aligeraron los procedimientos y cuando hubo reiterados informes de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre los riesgos de ese nuevo sistema.

Hubo probablemente una responsabilidad política de los hechos que, tarde o temprano, los implicados pagaron con sus dimisiones y su abandono del partido en el que militaban y que un día presidieron.

Es crucial que el juicio de los ERE, que se prolongará durante meses, sea capaz de delimitar con precisión las responsabilidades penales —si las hubiere— de los acusados, entre los que están, además de Chaves y Griñán, la también exministra socialista Magdalena Álvarez. Solo un análisis profundo de lo ocurrido podrá recolocar en sus justos términos un escándalo como este, que tanto ha enturbiado la imagen del PSOE a pesar de que sus máximos encausados nunca han podido ser señalados del más mínimo indebido enriquecimiento propio.

Tras este escándalo, la Junta de Andalucía ha cambiado los procedimientos para estrechar el control de las ayudas públicas. Es un resultado positivo que debería ser imitado por todas aquellas comunidades donde ha habido escándalos de corrupción.

El País