POLITIZAR EL DOLOR CUANDO CONVIENE

cochexx

POLITIZAR EL DOLOR CUANDO CONVIENE

La conmoción social que ha producido la muerte del pequeño Gabriel no va a servir para evitar que se derogue la prisión permanente revisable. El jueves se debatirán las enmiendas de PP y de Ciudadanos para evitar su derogación, pero previsiblemente serán tumbadas por una mayoría parlamentaria formada por partidos cuyos portavoces ratificaron ayer su posición contraria al mantenimiento de esta medida en el Código PenalAitor Esteban, portavoz del PNV, formación que presentó la proposición de ley para derogar la prisión permanente, invocó la utilidad: una pena más dura no sirve a su juicio para disuadir al autor de la clase de crímenes que esta figura castiga. También han salido a relucir los mantras habituales: no hay que legislar en caliente y justicia no es venganza. No hay que politizar el dolor.

Los tiempos mediáticos no pueden ni deben coincidir con los legislativos. Pero un Parlamento desconectado de una demanda social mayoritaria -los padres de Diana QuerMari Luz Cortés o Marta del Castillo ya han recogido más de tres millones de firmas contra la derogación, y serán más tras el crimen de Níjar- volvería la espalda a la sociedad a la que representa y abriría ventanas de oportunidad al populismo. La prisión permanente, mientras sea revisable, no puede ser considerada venganza, a menos que consideremos estados vengativos a Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria o Suiza, países todos cuyos códigos incorporan esta figura. Cuestión distinta es el número de años a partir del cual se puede revisar la situación penal del condenado.

En la mayoría de países de nuestro entorno ese momento llega a partir de los 15 años cumplidos de media. Los legisladores deberán estudiar si el mínimo de 25 años que exige la ley actual es una cifra adecuada antes de empezar a valorar el grado de reinserción alcanzado o no por el preso. Pero para corregir este aspecto bastaría una enmienda, no es precisa la derogación.

PSOE y Podemos han aducido razones constitucionales para justificar su rechazo a la norma. Pero el artículo 25 de la Constitución estipula textualmente que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”; el legislador marcó ahí una dirección, una orientación general. Por supuesto, lo deseable siempre será que el condenado se reinserte, pero ese objetivo reparador no agota la función jurídica de la pena, que también cumple una finalidad punitiva.

Hay casos en que la reinserción no es posible, pero nadie entendería que ese criminal quedara impune. España tiene un código penal duro y una tasa de criminalidad baja: quizá lo segundo sea en parte consecuencia de lo primero. En todo caso, que Podemos apele ahora a la Constitución sólo significa que su estrategia de “politización del dolor” es selectiva. Porque el buen populista sabe que hay dolores más politizables que otros.

El Mundo