SENTENCIA Y CHAPUZA

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SENTENCIA Y CHAPUZA

El Tribunal Constitucional, que debió ser juzgado y condenado tras legalizar a la ETA al dictado de ZP y los nacionalistas, contra sentencia firme del Supremo respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y que Rajoy no quiso reactivar, se desquitó ayer de los marrones que el Gobierno viene endilgándole para frenar el golpe de Estado en Cataluña. Y lo hizo al estilo de estos magistrados, que no son jueces sino politijueces, elegidos por los partidos y que embisten según su hierro de procedencia.

Cuando vea hoy la prensa, alguno se ruborizará viendo a los golpistas catalanes, esas bandas que, gracias al respaldo del arrumasado Tribunal a la Ley del Catalán, siembran el terror blanco en la población castellanohablante de Cataluña desde hace décadas, aplaudir su auto, tan híbrido como marca la moda. Cualquier español podría decirles lo que Azaña a cierto rival político en las Cortes: “Si su señoría no se ruboriza, permítame que yo me ruborice por su señoría”.

Las cuestiones puramente legales en materia de lengua y enseñanza las desgranó ayer Jorge de Esteban mejor de lo que puede hacer cualquier profano. Lo que pasa es que uno será profano pero no imbécil, y entiende que lo que hizo ayer el alto y agachadizo Tribunal fue escudarse en que la Lomce de Wert es técnicamente una chapuza para dar la razón política a esa Generalidad que viene atropellando el derecho a conocer y usar la lengua española. Las competencias de la Generalidad en materia de enseñanza jamás deberían estar por encima de los derechos básicos de la ciudadanía, ni atentar contra el interés general. Y lo están. Y lo hacen.

Y los politijueces lo saben, pero como culturalmente están al nivel de Carmen Calvo, han hecho lo que se les da mejor: no entrar en el fondo del asunto, perderse por las ramas leguleyas y darle un pellizco de monja al Gobierno en las partes blandas de la ciudadanía, donde duele. La angustia, el desamparo y el abandono de millones de españoles les importan poco. El espíritu de la Ley, menos. Para ellos, lo esencial es el corporativismo de la unanimidad. La Ley del Catalán dejó al arbitrio de la Generalidad su aplicación: la oveja a merced del lobo. Sentencias posteriores quisieron parchear esa infamia, pero no hay parche posible: el Estado debe reasumir las competencias de Educación. Ya.

Federico Jiménez LoSantos ( El Mundo )