El Supremo condena a Homs a 1 año y 1 mes de inhabilitación

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El Supremo condena a Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobedencia el 9-N

El Tribunal Supremo ha condenado a un año y un mes de inhabilitación especial para cargo público para el diputado de la antigua Convergència (el actual PDECat) Francesc Homs por impulsar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Los siete jueces de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal le consideran culpable de un delito de desobediencia grave por haber desoído la prohibición del Tribunal Constitucional, que suspendió la convocatoria de la Generalitat al admitir a trámite un recurso del Gobierno. Los magistrados le absuelven del delito de prevaricación, por el que también le acusaba el fiscal, que pedía nueve años de inhabilitación.

Francesc Homs, que en el momento de la consulta ilegal era el consejero de Presidencia de la Generalitat presidida por Artur Mas, también debe abonar una multa de 30.000 euros por la condena. Homs reconoció en el juicio todos los hechos que le atribuían -el impulso a la celebración de la consulta, cuyos actos preparatorios no solo no frenó, sino que potenció- pero argumentó que no cometió ningún delito. Trató de convencer al tribunal de que la prohibición del TC era ambigua y difusa, por lo que no sabía cómo cumplirla. Los jueces responden que la providencia del tribunal garante de la Constitución, del 4 de noviembre, era «de fácil comprensión» y ordenaba a Homs que paralizara las actividades puestas en marcha.

Los siete magistrados del Supremo descartan el delito de prevaricación porque consideran que queda absorbido por el de desobediencia, más grave que el primero. Pero sugieren, sin embargo, que podrían haber condenado al diputado de la antigua Convergència por el delito de malversación, que acarrea penas de prisión, si llega a estar puesto sobre la mesa del tribunal. La Fiscalía del Tribunal Supremo retiró su acusación por este delito durante la instrucción, razón por la que su análisis no llegó a la vista oral. «No se cuestiona si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado por el Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal», dicen los jueces, quienes se limitan a valorar los dos delitos por los que acusó el Ministerio Público.

ABC

 

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