Tirar un millón de euros en montar en el Senado un sistema de traducción, porque a los señoritos separatistas, apoyados por la ultraizquierda y socialistas, no les da la gana usar el español, ya indica el estercolero en que se ha convertido la vida política española.

Pretenden la misma operación en el Congreso, de momento, el PSOE no ha dado la luz verde, pero bastará que aprieten las clavijas al Gobierno de Sánchez en las negociaciones de los próximos presupuestos para que, como es su costumbre, del no, pase al sí.

Se supone que en el Parlamento reside la soberanía nacional, pero en España hace tiempo que el sistema parlamentario se ha convertido en el barrizal en el que chapotean las oligarquías económicas y los grupos separatistas que despedazan España para sacar la mejor tajada, mientras el PP consiente la mutilación y PSOE se une al festín de la desmembración.

Que en las Cámaras que dicen representar a la Nación española, se renuncié a usar nuestro idioma común, que todos los parlamentarios conocen y entienden perfectamente, no tiene nada que ver con el plurilingüismo, ni con la diversidad cultural, ni con otros cuentos detrás de los que se camufla una cesión al separatismo y una falsificación de la realidad lingüística de España.

Porque, tanto en Cataluña, Galicia y aún más en el País Vasco, el español sigue siendo el idioma común de todos y cada uno de sus habitantes, mientras que catalán, gallego y euskera-batúa (el vascuence no es oficial), en modo alguno son respectivamente el idioma común de todos los catalanes, gallegos o vascos. De lo que realmente se trata es de un proyecto de deconstrucción de la Nación española, en el que las lenguas juegan un papel simbólico esencial.

La convivencia entre las lenguas regionales de España y el español solo puede articularse de tres formas. A saber:

1) A través del modelo francés, es decir, la única lengua oficial es la lengua nacional, protagonizando las lenguas regionales, en sus respectivos ámbitos, tan sólo un papel cultural, pero nunca administrativo ni educativo.

Por supuesto se trata de una opción plenamente democrática, a despecho de los gañanes que en España confunden la velocidad con el tocino y predican que la falta de oficialidad del catalán, el gallego o el vascuence equivale a su “persecución”.

Un modelo que coincide con un régimen de Estado centralizado.

2) A través de la eliminación de la lengua común, haciendo desaparecer el español, quedando el castellano como una lengua regional más entre el gallego, catalán, vasco, valenciano, bable reconvertido en asturiano y lo que venga. El modelo supone un Estado en el que el nombre España no es más que una carcasa que cubre una confederación de mininaciones. La nación de naciones que persigue Pedro Sánchez y que supone destruir la Nación española.

3) A través de la libre elección de lengua, de manera que se respete la tradición de unas lenguas regionales que, tras la evolución lingüística de los siglos, se quedaron ancladas en determinados territorios junto a la lengua común de todos los españoles.

Solución que respeta la diversidad cultural de las tierras de España, garantiza los derechos de los hablantes y rompe con la actual política totalitaria de imponer las lenguas minoritarias a la mayoría de la población y excluir el español del ámbito público en Cataluña, Galicia, Vascongadas, Baleares o Comunidad Valenciana.

Por supuesto que la verdadera solución de los males territoriales de España pasa por reformar el sistema electoral para expulsar, al menos del Congreso, a quienes no sólo no representan el bien común de todos los españoles, sino que tan sólo defienden los intereses de una minoría antiespañola.

Ninguna legitimidad tienen los parlamentarios del PNV, ERC, Bildu, Junts o como se quiera llamar CiU, para decidir el destino y el gobierno del conjunto de los españoles. Además, es preciso corregir la deriva de las autonomías con una Ley de Armonización Autonómica que garantice la igualdad de todos los españoles y acabe con los privilegios de unas regiones sobre otras.

Para empezar, no estaría mal promulgar una Ley Orgánica que acabe con la imposición lingüística y garantice a todos el derecho a educarse en español y a relacionarse con las administraciones autonómicas y locales en español.

Mucho nos tememos que en ese desagüe de cuanta basura política supura en España en que han convertido las Cortes, tan sólo VOX apoyaría semejante propuesta.

Mateo Requesens ( El Correo de España )