La paralización momentánea del programa de expulsión colectiva de los menores que entraron en Ceuta en la avalancha el pasado mes de mayo, y la petición de información a Interior por parte de la Audiencia Nacional sobre las órdenes de retorno a Marruecos emitidas a tal efecto por el Ministerio, suponen el enésimo choque del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con la ley y el riguroso cumplimiento de los procedimientos administrativos que esta marca, como garantía esencial para el normal discurrir de las cosas en un Estado de derecho.

El auto de Ceuta es casi abochornante para un ministro que, además, es juez de carrera y que, según sostiene la resolución, en este asunto «no ha cumplido nada de lo ordenado por la Ley de Extranjería. Ni se ha tramitado expediente administrativo ni consta resolución expresa de dicha cuestión respecto a cada uno de los menores».

Desgraciadamente, la polémica sobre la complicada relación de Interior con la ley en esta expulsión colectiva de menores no es ni mucho menos la única surgida durante el mandato de Grande-Marlaska.

Hace dos meses la Audiencia Provincial de Madrid sentenciaba que fue ilegal la entrada de la Policía en un domicilio sin el consentimiento de sus moradores con la excusa de que dentro de ese piso turístico se realizaba una fiesta ilegal. Marlaska no solo defendió sino que justificó la ‘patada en la puerta’ y negó que agentes violentaran derecho alguno.

Porque en el fondo ese es otro de los problemas del proceder de Marlaska, que no duda en anticipar juicios de valor prematuros, sin apenas meditar el alcance de sus palabras sobre determinado asunto, en un ejercicio de incontinencia verbal y falta de prudencia que al final resulta lesivo para él cuando recibe un varapalo en una sentencia.

Más sonoro y contundente fue el fallo de la Audiencia Nacional, el pasado abril, declarando ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos, justificada en su día por el ministro en «el proceso natural de sustitución de equipos directivos» pero que para la Justicia se trató de una especie de represalia por negarse a informar a sus superiores sobre la investigación que una juez encomendó al mando de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M.

Más que con el «proceso natural» de relevo en los equipos, como alegó el ministro sanchista, lo de Pérez de los Cobos fue simple y llanamente una purga por el hecho de que el coronel siguiese escrupulosamente las instrucciones de sigilo que le encomendó el juzgado instructor en un caso que por entonces comprometía mucho al Gobierno. Es decir, que fue cesado por no saltarse la ley, que al final es lo que exactamente sí hizo Marlaska al destituirle.

Lo grave es que parece que la chapuza administrativa y jurídica se cronifica en Interior. Y de este trapacero proceder encontramos ejemplos de gran calado, como los citados, y otros menores, del día a día, que evidencian el escaso miramiento con el que se observan las normas y procedimientos en el quehacer del Ministerio.

Hace solo un mes, por ejemplo, un juez anulaba las condecoraciones con la medalla de plata (que lleva un 15 por ciento de la pensión) a tres comisarios por no motivar lo suficiente la concesión de estos reconocimientos.

Parece claro que Marlaska tiene un problema serio con la justificación legal de lo que hace, que él trata de solventar con una especie de ‘ordeno y mando’, todo muy sanchista, que prevalece sobre lo que marca la ley, preterida por ejemplo en el caso de Ceuta por un acuerdo bilateral con Marruecos de hace catorce años, de rango legal evidentemente menor, que Marlaska ha utilizado como atajo.

ABC