PROPAGANDA VICTIMISTA

Era previsible que el juez Llarena denegara el permiso a Jordi Sànchez para salir de la cárcel y acudir a su propia investidura o bien celebrarla telemáticamente. De hecho, atendiendo al criterio jurídico seguido hasta ahora por el Supremo y fundado en el propósito de evitar un claro riesgo de reiteración delictiva, Llarena no podía decidir otra cosa.

Lo sabía el bloque independentista, todavía controlado por Puigdemont, cuya estrategia consiste en proponer candidatos inviables para llenar, con cada negativa judicial, el depósito del victimismo propagandístico, que es el combustible sentimental del procés. Se trata de agitar ante los ojos de Europa el espantajo de la persecución política y la represión antidemocrática, y esperar que alguien en la Unión Europea sea tan receptivo a esas patrañas como algunos medios.

Roger Torrent, que se quitó pronto la máscara de imparcialidad institucional, ha aplazado el pleno y pretende una querella delirante contra Llarena por prevaricación. Puede seguir convocando sesiones condenadas a la desconvocatoria -de lo contrario incurriría en delito- y llegar así hasta el umbral mismo de otras elecciones. O puede aparcar el cinismo y la irresponsabilidad que mantienen a Cataluña bloqueada y fracturada por un fracaso histórico que el separatismo no se atreve a reconocer ante su engañada clientela.

La salida parlamentaria a esta situación degradante para las instituciones catalanas la conocen: un candidato sin cuentas con la justicia. Mientras llega ese rapto de pragmatismo, corresponde al Gobierno desplegar una vigorosa campaña en el exterior que desmonte las mentiras soberanistas.

El Mundo