El Gobierno tiene listo el anteproyecto de la ley de trata y explotación de seres humanos que sin duda va encaminada a la necesaria protección de las víctimas de lo que es una forma de esclavitud.

No contempla el texto -que aún puede (y debe) ser objeto de modificación- la participación de jueces y fiscales desde el principio en la identificación de las víctimas lo que empeora las garantías del proceso, abriendo incluso la competencia a nuevas «entidades especializadas acreditadas», a las que apenas se exigirán requisitos para ese cometido, lo que puede promover la proliferación de los famosos ‘chiringuitos’ al amparo de la tradicional subvención.

Es una lástima que el texto no sea más ambicioso y que, además de la mejora en la protección y la asistencia, no vaya con más determinación a la raíz de este drama, las mafias.

Eliminar el requisito de colaboración obligatoria de las víctimas para identificar a los criminales que les explotaban, y así evitar su expulsión, es un error.

ABC