PUIGDEMONT LLEVA A CATALUÑA AL DESASTRE

EL PRESIDENTE de la Generalitat desaprovechó ayer la última oportunidad que tenía para volver a la senda constitucional e impedir la aplicación del artículo 155. En vano, intentó chantajear de nuevo al Estado amenazando a la desesperada con convocar unas elecciones cuyas condiciones el Gobierno podía aceptar Y no dudó en utilizar de forma torticera la mediación del lehendakari Iñigo Urkullu y del líder del PSC Miquel Iceta, entre otros, para intentar que el Gobierno aceptase algo inadmisible: una solución que no implicase el reconocimiento explícito de la renuncia a la proclamación unilateral de independencia y la aceptación de la Constitución y el Estatuto como el único marco legal de actuación.

Ésa es la principal condición que ha puesto el Gobierno para no ejecutar las medidas aparejadas al artículo 155 y es lógico que el equipo de Rajoy no haya aceptado lo que habría sido la mayor humillación de nuestra historia democrática.

Después de una mañana más propia de un sainete sin gracia que de un político responsable, Puigdemont tuvo que reconocer por la tarde que está viviendo sus últimos días como presidente de la Generalitat. Tras mostrarse una vez más como adalid del diálogo, la prudencia y la solución pactada, algo que nadie puede creerse ya, ni en España ni en ninguna cancillería europea, decidió diluir su responsabilidad en el Parlament, para que sea éste, en una votación que probablemente se forzará hoy, el que declare la independencia de Cataluña. Con esta votación, Puigdemont quiere escenificar que existen dos legalidades paralelas, la de las Cortes españolas y la de la Cámara autonómica. Nada más lejos de la realidad.

La única legalidad y legitimidad reside en las instituciones del Estado que se mantienen fieles a la Constitución. La votación que hoy tendrá lugar en el Senado para facultar al Gobierno a restablecer la ley en Cataluña es la materialización de la voluntad del pueblo español, en el que recae la soberanía nacional. La que tendrá lugar en el Parlament es una farsa, ya que la cámara catalana lleva meses secuestrada por los independentistas, como ha denunciado en múltiples ocasiones el Tribunal Constitucional, declarando ilegales las principales leyes de desconexión aprobadas.

Por eso, el Gobierno no puede perder ni un minuto en intervenir la autonomía de Cataluña una vez que el Senado le otorgue hoy la facultad para hacerlo. Y no ha de temblarle el pulso a la hora de tomar las decisiones que considere oportunas por muy traumáticas que puedan llegar a ser, incluida la destitución fulminante del Govern sedicioso. La amenaza que para la paz y la convivencia social significa un desafío de esta magnitud, así como para la propia supervivencia del Estado, requieren serenidad, pero también determinación. En paralelo, si se produce la declaración unilateral de independencia, la Fiscalía tendrá que actuar enérgicamente contra los miembros de la Mesa de la cámara que tramiten la solicitud de la votación, incluida su presidenta y contra el Govern en pleno y los diputados que voten a favor. Todos ellos deberán responder ante la Justicia por un delito de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión.

El empecinamiento de Puigdemont en una independencia que sabe imposible están dañando de forma alarmante los niveles de bienestar social, económico y político logrados en 40 años de democracia y convivencia. Es necesario atajar de raíz en Cataluña los valores de insolidaridad y exclusión que fomenta el independentismo. Asimismo, hay que explicar a una sociedad manipulada por unos medios de comunicación puestos al servicio del sectarismo y una educación en manos de fanáticos separatistas, que la solidaridad territorial es la que ha logrado que España sea considerada como una de las principales potencias económicas del mundo. Y que una Cataluña independiente no tiene futuro dentro de Europa.

El Mundo