PUIGDEMONT, SÍ MALVERSÓ

Frente a la posverdad difundida con éxito por el nacionalismo, los hechos investigados sobre cómo la Generalitat, con Puigdemont al frente, malversó fondos públicos para preparar su golpe son tozudos. Ayer publicábamos cómo los ex consejeros Jordi Turull y Oriol Junqueras habilitaron 3,43 millones del FLA para promover su referéndum ilegal y llegaron a desviar al menos 1,6 millones para sus campañas, según la Guardia Civil. Y hoy desvelamos cómo la Generalitat dispuso 51 millones de euros para apuntalar una Hacienda catalana, dentro de un ambicioso plan que incluía la creación de un Banco Central Catalán para desconectar de España.

Sólo alguien con un profundo desconocimiento de lo ocurrido en Cataluña desde 2014 y de la minuciosa instrucción del juez Llarena, como parece ser el caso de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, puede poner en duda la solvencia de la acusación de que Puigdemont cometió un delito de malversación agravada. Resulta sorprendente cómo el independentismo ha logrado expandir su propaganda ante la impasibilidad del Gobierno. Como también lo es el hecho de que mientras la Generalitat utilizaba el FLA para financiar actividades ilegales, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se atreviera a repetir que el Govern no había destinado ni un solo euro de los españoles al procés. Afirmación que hizo suya el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El independentismo preparó su rebelión a sus anchas por la incapacidad del Ejecutivo de frenar su desafío. Son los tribunales españoles quienes deben juzgar los delitos, mientras las urnas juzgarán el papel de los políticos.

El Mundo

viñeta de Linda Galmor