El pulso que mantuvo ayer una amplia mayoría del Consejo General del Poder Judicial contra el Congreso, para que acepte escuchar su criterio antes de que el Gobierno lo amordace y le impida hacer nombramientos, cobra todo el sentido porque la ofensiva contra la independencia de los Tribunales y la separación de poderes es contumaz.

Hasta dieciséis consejeros de los veintiuno que conforman el CGPJ, de distinta adscripción ideológica, unieron su voz en un comunicado para exigir al Congreso que no conculque la lógica institucional, impida la tramitación urgente de esa reforma, y deje de vetar la opinión de los jueces contra una ley que afectará sustancialmente a sus funciones y a la libertad de los Tribunales.

Lo llamativo es que una vez más hubo un acuerdo muy mayoritario entre los vocales, del que participaron incluso consejeros propuestos en su día por el PSOE, lo cual demuestra la división que existe en la izquierda a la hora de someterse a la disciplina ideológica que ha pretendido imponer La Moncloa con serias presiones. Esa es la magnitud del abuso, y ese es el cariz intervencionista con el que el Gobierno pretende manosear la justicia.

No tiene ningún sentido que una reforma que altera sustancialmente las funciones de un órgano constitucional como el CGPJ no pueda ser evaluada previamente por la propia carrera judicial. Es tanto como imponer de manera abrasiva el rodillo de un poder legislativo controlado férreamente por el ejecutivo para acallar al judicial.

Y es tanto como retirarle funciones organizativas y decisorias muy relevantes para el funcionamiento ordinario de los Tribunales, con la coartada de «desideologizar» a la carrera judicial por el mero hecho de que la izquierda no consiente que mayoritariamente tenga un talante moderado y conservador.

La renovación del CGPJ es imperiosa, y PSOE y PP tienen la obligación legal de culminarla cuanto antes, porque no es admisible prolongar su estado de provisionalidad de manera indefinida. Sin embargo, esto mismo ha ocurrido en más ocasiones, cuando era el PSOE quien dificultaba su renovación, y nunca la izquierda puso el grito en el cielo.

Pocos motivos hay que justifiquen una parálisis tan preocupante. Pero pretender, como está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, tomar atajos para imponer el control sobre la carrera al margen de los consensos constitucionales es una alcaldada de cuyos peligros viene advirtiendo incluso la Unión Europea.

Ayer se dieron dos buenas pruebas de que defender la independencia judicial es una obligación de decencia democrática. Frente al chantaje planteado una vez más por ERC, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se está manteniendo libre y firme en su decisión provisional de celebrar las elecciones el 14 de febrero, y no en mayo, que es la obsesión del independentismo para ganar tiempo.

Y frente a las coacciones de Podemos, la Audiencia Provincial de Madrid ha comunicado al juez instructor que hay indicios penales suficientes para seguir investigando al partido de Pablo Iglesias por las irregularidades fiscales de su «tapadera» Neurona. Si por Gabriel Rufián o por Iglesias fuera, sus arbitrariedades ni siquiera podrían ser recurribles ante los Tribunales, porque su objetivo final no es otro que instaurar una dictadura.

El poder judicial es el único contrapeso posible frente a cualquier merma de garantías que provoquen los otros dos poderes. Por eso silenciarlo es una prioridad para ellos. Acierta el CGPJ al defenderse y mantener el pulso al Congreso, que ha dejado de ser una cámara legislativa al uso para convertirse en el más sumiso encubridor de una mordaza judicial.

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