PURGA A LOS DEFENSORES DEL ESTADO

Esta epidemia ha corroborado que la improvisación rige la gestión del Gobierno. Pero hay algo que la coalición sí hace con precisión.

Como destacamos hoy, la destitución de Pérez de los Cobos es la última de una purga gubernamental de destacados funcionarios del Estado que, durante el ataque al orden constitucional perpetrado por Puigdemont en 2017, defendieron la legalidad.

Para encauzar su mal llamada mesa para el diálogo, a modo de gesto infame con el independentismo, el Ejecutivo ha degradado a abogados del Estado como Carmen Tejera -que diseñó el andamiaje jurídico para intervenir las cuentas de la Generalitat-, o Edmundo Bal, que se negó a firmar escritos con continuos cambios de criterios.

A la ex fiscal general María José Segarra, que no quiso guiar a los fiscales a desistir del delito de sedición, o al mismo Pérez de los Cobos, que dirigió el dispositivo policial del 1-O para cumplir, como con el 8-M, un mandato judicial.

Es propio de un Gobierno con derivas autoritarias desterrar a funcionarios técnicos y eficientes que no son dóciles.

Ocurre cuando se confunde la lealtad al Estado con la fe ciega a unas siglas, lo que conduce siempre a la perversión de las instituciones con el fin de perseguir intereses partidistas.

El Mundo