Los graves disturbios de este fin de semana en algunas capitales de provincia no deberían ser tratados como expresiones políticas del descontento social por la pandemia, porque son, pura y simplemente, actos de violencia minoritaria e injustificable.

Los extremos políticos han aprovechado las noches de vandalismo y agresiones a la Policía para arrimar los sucesos a sus sectarias visiones de la situación actual, lanzando juicios de culpa genéricos y, por tanto, temerarios. España está atravesando una etapa inestable en los órdenes principales de su vida democrática.

La economía y el empleo se encuentran en una crisis sin precedentes, el enfrentamiento político polariza los sentimientos de los ciudadanos, las instituciones son el escenario de tensiones e insultos, el propio Gobierno es una plataforma de ataques a otros poderes del Estado y la organización territorial del país se tambalea por la disputa de competencias.

Añadir a este escenario convulso un proceso de violencia callejera legitimado por fuerzas políticas extremas sería un paso más en la consolidación de la imagen internacional de España como un Estado no fallido, pero sí frágil.

La mala gestión de la crisis del Covid-19 y la perspectiva de un empeoramiento general de la situación, con probables medidas de confinamiento domiciliario, explican el desasosiego de millones de ciudadanos, pero no justifican la violencia de estos días pasados.

Los convocantes no dejan de ser unos oportunistas de las redes sociales, escondidos en el anonimato que éstas facilitan, y muy hábiles en la captación de jóvenes sin criterio, que tanto gritan «libertad» como saquean tiendas.

Ver en estos comportamientos una reacción con significado político, como hacen Vox y Podemos para atacarse recíprocamente, es una temeridad que puede animar a actos de mayor peligrosidad para ciudadanos y policías.

Al menos, estos episodios execrables han dado ocasión a ese contrapunto ejemplar de jóvenes de Logroño que, de forma espontánea, se organizaron para limpiar las calles de su ciudad tras una noche de vandalismo.

Los discursos políticos que se basan en el enconamiento incívico y en la descalificación del adversario crean el ambiente propicio para que el radicalismo latente, sin más ideología que la ira, se torne en violencia callejera.

Por eso, es necesario recuperar cuanto antes el buen gobierno para España, lo que significa contar con liderazgos constructivos, no como el espejismo que encarna Pedro Sánchez; fijar objetivos comunes que impliquen a partidos y gobiernos autonómicos en políticas de cohesión; y convertir la lucha contra la pandemia en un proyecto nacional y no en un campo de discordia.

El Gobierno se ha declarado ausente en esta crisis y el mensaje que llega al ciudadano es que no hay una dirección política común. Este es el vivero de la confusión social.

La violencia en las calles y el enfrentamiento con la Policía pueden hipnotizar a jóvenes sin referencias cívicas, y ahí empieza la responsabilidad del Ministerio del Interior y de las policías autonómicas para conocer a tiempo las convocatorias de los grupos radicales.

El Gobierno no dudó en utilizar a las Fuerzas de Seguridad para que filtraran las redes sociales de movimientos críticos a su gestión, como un gesto de autoritarismo intolerable. Ahora es el momento de aplicar esas políticas de control social a los promotores de la violencia.

Sus responsables son, sin duda, una minoría, pero esto no significa que sus actos no puedan tener un efecto multiplicador a medida que la situación empeore y las medidas contra la pandemia se hagan más restrictivas para las libertades y derechos de los ciudadanos.

ABC