Con solo 34 años, Alberto Garzón supone un vetusto anacronismo, algo así como un gramófono en la era del streaming: es el único militante comunista con cartera de ministro que ha habido en España desde 1939. Ejemplo de profesional de la política, estudió Económicas, pero jamás ha tenido nómina en una empresa privada y a los 26 años ya era diputado.

Para seguir chupando de la piragua fomentó en 2016 la confluencia de Izquierda Unida con Podemos, por entonces una marca en alza. Vitalmente, pertenece al gremio de «consejos doy que para mi no tengo». A los demás nos receta igualitarismo marxista de pana y botijo, pero es legendario su bodorrio con 270 invitados, cubierto de 300 euros, orquesta, cantante VIP y luna de miel… ¿en Puente de Vallecas? No exactamente: en Nueva Zelanda.

La fusión con Podemos lo ha convertido en joven ministro. Los acuerdos de la coalición forzaron a Sánchez a inventarse algunas carteras para acomodar a la cuota podemita a costa del bolsillo del contribuyente. Y así llegó la comedieta de situar a un comunista en Consumo, ministerio creado con fórceps mediante la fusión de lo que no eran más que dos direcciones generales.

Al verse en el despacho, Garzón se apresuró a borrar su sonrojante reguero de tuits pretéritos, donde figuraban apreciaciones tan sagaces como esta: «El único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene desarrollo humano es… Cuba». Y es que el bueno de Alberto defiende las conocidas bondades de las satrapías cubana y venezolana.

Dados sus plantemientos contrarios a los derechos humanos y las libertades económicas, Alberto Garzón no debería haber sido jamás ministro. Pero sus declaraciones del viernes contra el Jefe del Estado suponen que además debe dejar de serlo de inmediato.

El titular de Consumo acusó a Felipe VI por escrito de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido, incumpliendo la Constitución». En cualquier democracia adulta y bien oxigenada, Garzón sería cesado por el presidente a los cinco minutos de subir ese tuit, pues lo que está haciendo es acusar al Rey de golpismo.

Se trata de un hecho gravísimo, toda vez que el artículo 1 de la Constitución establece que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria» y el 56 señala que el Rey es «el Jefe del Estado, símbolo de su permanencia y unidad».

Pero además de Garzón, disfrutamos de un vicepresidente del Gobierno, Iglesias Turrión, que la semana pasada llamó a trabajar de manera activa para alcanzar una República, campaña que definió como su «tarea fundamental» en política.

Traducción, incluso al alcance politológico de Adriana Lastra: tenemos un Ejecutivo de tebeo, donde ministros que han prometido defender la Constitución promueven desde el Gobierno su pisoteo ante la mirada impávida de Sánchez (de profesión, superviviente). Los países cuyos gobiernos no respetan sus normas constitucionales están llamados al fracaso, o a una fractura que puede acabar de la peor manera posible.

Y por ahí transita nuestro alegre Gobierno de progreso.

Luis Ventoso ( ABC )

viñeta de Linda Galmor