QUEMAR FOTOS DEL REY EXCEDE DE LA CRÍTICA POLÍTICA

La condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes catalanes que quemaron la foto de los Reyes en 2007 deberá ser tenida en cuenta por los tribunales españoles a la hora de enjuiciar casos similares en un futuro, aunque en modo alguno elimina el delito de injurias a la Corona, recogido en nuestro ordenamiento constitucional. La sentencia de Estrasburgo considera que España vulneró el derecho a la libertad de expresión de los condenados y que la pena de prisión fue excesiva. El tirón de orejas del TEDH, aunque bien fudamentado, resulta de difícil digestión. Máxime teniendo en cuenta el contexto político de desafío al Estado en Cataluña. El tribunal europeo dejó claro que no admitía una especial protección para el Monarca cuando dio la razón a Arnaldo Otegi, condenado en España por llamar “jefe de los torturadores” al Rey Juan Carlos. Sin embargo, nos parece un error despachar la quema de imágenes como mera crítica “política”, en la medida que la institución monárquica encarna a la Nación española.

No cabe desacato a la corrección que establece el TEDH, pero tampoco cabe colegir de la misma la exigencia de despenalización del delito de injurias a la Corona, tipificado en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. Los dos activistas del independentismo catalán que en 2007 quemaron una foto a gran tamaño de los Reyes durante una algarada en Gerona rociaron con líquido inflamable la fotografía de Juan Carlos I y Doña Sofía, colocada cabeza abajo, y a continuación le prendieron fuego con una antorcha al tiempo que eran jaleados por el resto de manifestantes presentes.

Se hace difícil no calificar este aquelarre secesionista y de raíz antimonárquica como un acto de incitación al odio y la violencia. Echar a arder la foto del Rey, tal como en su día fijaron los tribunales españoles, constituye un ataque personal al Monarca, orientado a insultar y denigrar su figura. Los jueces de Estrasburgo restringen la agresión a “una denuncia de lo que el Rey representa como jefe y símbolo del aparato del Estado”. De ahí que la sentencia dictada ayer resulte sorprendente e incomprensible. Si la Corona goza de una protección especial en la legislación es, justamente, porque simboliza la unidad y permanencia de la patria.

España es un país cuya arquitectura jurídica ampara, respeta y preserva la libertad de expresión. La quema de fotos del Rey no fue una “provocación”. Los dos condenados perpetraron un delito que en modo alguno puede esconderse bajo los criterios de pluralidad, tolerancia y amplitud de miras que rigen en una democracia consolidada como la nuestra. Una cosa es ejercer la libertad de expresión, en su sentido más amplio, y otra vulnerar el Código Penal.

El Mundo