QUIM TORRA PAGARÁ EL » PRECIO » ANTE LA JUSTICIA

El primer aspecto que conviene clarificar sobre el procesamiento de Quim Torra es su naturaleza. Por mucho que la engrasada maquinaria independentista persista en el intento de amparar un posible delito en la libertad de expresión o de manifestación, la verdad dista demasiado del realismo mágico nacionalista.

El president de la Generalitat de Cataluña se sentará en el banquillo de los acusados por negarse abiertamente a acatar la resolución de una autoridad superior. Torra no solo desobedeció a la Junta Electoral Central, que le conminó a retirar toda simbología política de los edificios públicos durante la campaña electoral, inscribiendo en tal orden los apoyos a los políticos presos por el 1-O.

No, Torra fue mucho más allá. Se burló del máximo órgano de la Administración en tiempo electoral, cambiando un lazo amarillo por otro blanco; se atrevió a atacar su imparcialidad mientras él violaba la neutralidad de las instituciones catalanas utilizando los edificios y lugares públicos de forma partidista; y, como colofón, se reafirmó en la desobediencia: «Pagaré el precio que haga falta», dijo, altivo. El precio, de momento, pasa por responder ante la Justicia:Torra será el primer president de la Generalitat en ser procesado dentro del ejercicio de su cargo. Algo no muy honorable.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto juicio oral por desobediencia. La Fiscalía reclama 20 meses de inhabilitación de cargo público y una multa de 30.000 euros. La acusación popular que ejerce Vox pide dos años y una multa de 73.000 euros.

Las penas previstas para tal delito evidencian la magnitud de lo que se enjuicia y refutan una vez más el ilusorio afán secesionista de situarse por encima de la ley. Dura lex, sed lex. Ya en la fase de investigación, el magistrado había apuntado que la acción de Torra fue delictiva, definiendo los mandatos de la JEC como «concretos y terminantes».

Incluso el Síndic de Greuges había recomendado a la Generalitat que retirase de manera temporal los lazos amarillos y estelades durante el período electoral, consciente de la flagrante violación del artículo 50 de la Ley Electoral, que obliga a la neutralidad de los poderes públicos y que prohíbe hacer propaganda institucional. Torra ya no podrá escudarse más en la palabrería: a partir de ahora solo valen los hechos.

El Mundo