Han bastado unas horas de estado de alarma para demostrar que el consenso en España es una misión imposible. El Gobierno se ha obsesionado con que la alarma dure seis meses, pero partidos de la oposición o socios habituales de La Moncloa como ERC advirtieron de que en ningún caso debería prolongarse más de ocho semanas.

Lo mismo ocurre con el empresariado o con juristas consultados por ABC, que creen unánimemente que Sánchez comete una ilegalidad porque no es posible ceder determinadas competencias a los presidentes autonómicos.

Ante esta drástica oposición, Pedro Sánchez no puede mostrarse tan intransigente: ni tiene derecho a apropiarse de la ley para interpretarla a capricho, ni puede hacer un uso extensivo -y abusivo- de sus prerrogativas presidenciales.

Atribuirse un poder omnímodo de modo cuasi-permanente es un fraude de ley. De momento Sánchez ha impulsado la anomalía de que haya diferencias sustanciales en el ejercicio de las libertades entre españoles, de modo que hoy unos gozan de más derechos que otros en función de su lugar de residencia.

Ayer, Aragón, Asturias, País Vasco o Navarra decretaron un «cerrojazo» autonómico, y Cataluña sopesa confinar a cal y canto a los ciudadanos durante los fines de semana. No parece haber igualdad ante la ley, y sí un agravio comparativo peligroso.

No hay ningún precepto legal que permita a Sánchez imponer una medida tan grave durante tanto tiempo. Y menos aún que aspire a hacerlo sin dar explicaciones, sin un mínimo control parlamentario, y sin que nadie pueda fiscalizar al Gobierno.

El estado de excepción, un grado por encima del de alarma en gravedad, solo puede estar vigente durante dos meses. Es razonable pensar que con la alarma debería ocurrir lo mismo, y no imponer una «tarifa plana» para que Sánchez salve las dificultades de votar sucesivas prórrogas.

Lo contario sería anular el papel del Parlamento con una decisión tan autoritaria como viciada de inconstitucionalidad. Sánchez no solo ha ideologizado un virus para lograr rentabilidad política, sino que pretende pervertir el sentido de la separación de poderes hurtando ahora al Congreso su labor más esencial.

¿Cómo podrían evaluarse si no el seguimiento de la alarma y los excesos que puedan cometerse? No es Salvador Illa quien tiene que rendir cuentas ante la comisión de Sanidad, sino Sánchez ante el pleno.

El peligro de dar un cheque en blanco a Sánchez tiene antecedentes, y los españoles ya han aprendido la lección. Si durante la alarma de primavera tramitó una ley de educación sectaria, dio acceso a Pablo Iglesias al CNI, presentó su ley de «memoria democrática», clausuró el Portal de Transparencia, y censuró a los periodistas, ¿qué no habrá maquinado hacer en seis meses más?

Además, Sánchez se niega a abrir un debate crucial que sí mantienen ya otros países dudando de la eficacia de las restricciones globales. Lo fácil es mermar las libertades, pero conviene preguntarse sin cinismo qué tasa de mortalidad está dispuesta a soportar una sociedad para no dañar su economía de forma irreversible.

Estamos obligados a interrogarnos sobre qué proporcionalidad sería admisible entre la pérdida de vidas humanas y la clausura de ámbitos determinantes de nuestra actividad.

Quizás la alternativa se halle en ultraproteger a colectivos en especial situación de riesgo por enfermedades crónicas o edad, y no en una generalidad restrictiva que está abocando a España a una situación ruinosa. Antes o después este debate llegará a nuestro país y conviene estar preparados emocionalmente para ello.

ABC