RECORDAR HOY A GREGORIO ORDÓÑEZ

Es triste comprobar cómo 25 años después del asesinato a sangre fría de Gregorio Ordóñez mientras comía con unos amigos en un restaurante del centro de San Sebastián, los etarras y sus herederos políticos continúan condicionando la vida del País Vasco -ahora desde las instituciones públicas- e imponiendo un falso y autoexculpatorio relato de los sucedido en uno de los periodos más negros de nuestra historia reciente.

Un 23 de enero de 1995, en vísperas de las elecciones municipales, un disparo a bocajarro sobre el candidato del PP a la alcaldía donostiarra inauguraba una forma nueva de terror de la banda en democracia: el acoso, señalamiento y asesinato de miembros de la clase política.

Desde entonces, concejales, alcaldes, diputados y responsables populares y socialistas tuvieron que vivir escoltados, lo que no siempre fue suficiente para salvar la vida. Por eso, supone un dolor añadido a todo el sufrimiento soportado durante décadas ver al PSOE pactar con los albaceas políticos de los etarras en Navarra, en Irún e incluso en el Congreso de los Diputados, donde la abstención de EH Bildu fue determinante para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.

Javier Esparza, presidente de UPN y diputado autonómico, ha señalado ya cuál es el precio que el Estado tendrá que pagar por el blanqueamiento de Bildu y su apoyo a los presupuestos de María Chivite en Navarra: el acercamiento a cárceles vascas de más de dos centenares de presos vinculados a la organización terrorista, que ni se han arrepentido ni han pedido perdón por sus crímenes.

Y no es de extrañar, dado que el colectivo de apoyo a los presos es uno de los más activos del entramado de la izquierda abertzale. Ayer, la Guardia Civil detuvo a cuatro activistas -incluido el sanguinario Kubati, el etarra que señaló a Ordóñez en Egin, pidiendo su muerte- como miembros de una organización dedicada a organizar homenajes a etarras excarcelados, incurriendo en delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

La detención de los proetarras se produjo el mismo día en que tomaba posesión la nueva directora de la Guardia Civil, María Gámez -nombrada tras la purga que Marlaska ha puesto en marcha-, y del acto se ausentaron tanto Margarita Robles como la cúpula judicial, gesto que revela las tensiones con Interior.

En memoria del asesinato de Ordóñez, su viuda, Ana Iríbar, inaugura hoy una exposición en San Sebastián. Todo esto pone de manifiesto que ni están cerradas todas las heridas ni hay la unanimidad debida en torno al relato de los años de plomo.

Mientras, hay que felicitarse de iniciativas como la aprobada el martes -con el voto en contra del PSOE- por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para que una delegación de diputados investigue por qué hay 379 asesinatos de ETA sin resolver. Quizá sus conclusiones ayuden a que los culpables paguen.

El Mundo

Imagen del entierro de Gregorio Ordóñez, en 1995.