La Comunidad de Madrid ha pedido que se elimine ya el uso obligatorio de mascarillas en interiores, idea también sugerida como «posible próximamente» por el presidente del Gobierno. Los datos señalan que remite la sexta ola del Covid que llegó con la variante Ómicron, muy dura, por lo que parece el momento oportuno para retirar esa obligatoriedad, tal y como llevan haciendo otros países europeos desde hace un mes sin que se haya detectado allí un agravamiento de los contagios.

Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia y Bélgica han terminado con las mascarillas o están a punto de hacerlo, teniendo algunos de ellos una incidencia acumulada superior a la que hoy presenta España. Siempre, con toda la prudencia del mundo y siendo vigilantes ante la posible irrupción de nuevas variantes que supusieran un nuevo paso atrás en la pandemia.

Los españoles han tenido un comportamiento ejemplar en estos dos años, asumiendo las medidas restrictivas de sus derechos con una responsabilidad formidable, a la altura del reto que planteaba el Covid como una enfermedad que llegó a poner al Estado literalmente contra las cuerdas.

De tal forma que, por ejemplo, los ciudadanos han naturalizado el uso de las mascarillas y el resto de las medidas que, en otros países, han tenido una mucho mayor contestación social, de igual modo que la aceptación de las vacunas también ha sido, en general, muy mayoritaria.

Y es muy meritorio que lo hayan hecho con esa disciplina y responsabilidad teniendo en cuenta los vaivenes que a lo largo de este tiempo tan duro ha ido dando el Gobierno de Sánchez, que tantas veces ha tratado de hacer un uso partidista de buena parte de lo que rodeaba a la pandemia.

Recordemos que el 7 de julio de 2020 Pedro Sánchez declaró, en el fragor de una campaña electoral, la derrota del virus. O que antes, en lo más crudo del Covid, con ese tremendo aluvión de contagios y muertes, el Gobierno consideraba «una exageración» el uso de las mascarillas, probablemente solo porque escaseaban y el Ejecutivo, que dijo centralizar las compras, era incapaz de ponerlas a disposición de los ciudadanos.

Al poco, cuando ya las hubo, se convirtieron en obligatorias. Hasta hoy. Es imprescindible recordar asimismo que la gestión de Sánchez se basó en dos estados de alarma inconstitucionales, lo que dice muy poco del Gobierno y mucho de la responsabilidad de los españoles, cuya sensatez estuvo muy por encima de la de quien debía llevar el timón en un momento crítico para España, y quien restringió derechos fundamentales sin la armadura legal que requería tan excepcional situación.

Naturalmente, es prudente que el uso de las mascarillas siga siendo obligatorio en centros sanitarios, residencias de mayores y el transporte público, lugares donde la población es más vulnerable o donde es casi imposible mantener una distancia de seguridad por la acumulación de viajeros en horas punta.

De acuerdo con la evolución decreciente de los contagios, es conveniente que sigan decayendo el resto de las medidas que fueron tan útiles como necesarias en su momento. Y deben seguir desplegados todos los mecanismos de los que se dispone para medir el desarrollo de la pandemia o la posible irrupción de nuevas variantes del Covid, de la misma manera que debe seguir completándose el programa de inmunización, con los refuerzos vacunales que los expertos consideren necesarios en cada momento.

Los ciudadanos, que tanto han sufrido y tan ejemplarmente han resistido el embate de la pandemia, merecen ir recuperando en la medida de lo posible aquella vieja normalidad que el Covid liquidó de un plumazo hace ahora dos años.

ABC