El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene ya cuatro recursos que resolver contra la arbitrariedad y el abuso que supuso el decreto aprobado por la Generalitat para retrasar hasta el 30 de mayo las elecciones autonómicas.

La argumentación viene a ser común: ese decreto genera indefensión a los partidos que habían sido convocados a las urnas el 14 de febrero, pero sobre todo se reserva una prerrogativa caprichosa e ilegal, como es la de aplazar sine die la convocatoria de los comicios con la coartada de la pandemia.

Cataluña está fuera de plazo, no tiene un presidente legítimamente designado, y su vicepresidente actúa en funciones.

No hay, o no debería haber, posibilidad legal alguna de que el separatismo cite a las urnas solo cuando le venga en gana o le convenga tácticamente.

No deja de ser otro modo de usurpar la soberanía de los ciudadanos que quieran votar. Si se avala ese decreto, se avalará peligrosamente la prórroga de una legislatura moribunda desde que nació.

ABC