
El Presidente del gobierno ha decidido no autorizar la presencia del Jefe del Estado en la inauguración del año judicial, rompiendo con una tradición que tenía todo el sentido porque t los actos jurídicos de especial trascendencia y las leyes Reyes aparecen refrendados con la firma del Rey, Felipe VI.
En España existe desde hace años un debate social sobre Monarquía o República, movido especialmente por grupos o ciudadanos que por razones ideológicas o sentimentales prefieren esa opción que la consideran más democrática, sin que ello signifique que los países en los que existen monarquías parlamentarias sus jefes de Estado no estén sometidos al cumplimiento de la ley. Por lo tanto mientras no se reforme la Constitución en ese aspecto la legitimidad de la jefatura del estado recae sobre el Rey, Felipe VI.
No es desconocida la postura de los partidos de la coalición del gobierno en contra de la actual forma de Estado, pero tanto el Presidente como los ministros han prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes con lealtad al Rey, y mientras estén vigentes deberían hacerlo, algo que algunos miembros del gabinete incumplen de forma ostensible.
Esa y otras contradicciones en el ejercicio de la actividad del ejecutivo tienen relación en algunos casos con el obsceno desprecio a las leyes de unos o el sentido utilitarista de las normas constitucionales de otros, que ponen su conveniencia política por delante del cumplimiento de la ley.
Hoy publica la prensa el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, según el cual el gobierno empezará a tramitar el expediente de indulto de los presos independentistas la semana próxima, y al mismo tiempo la portavoz independentista, Inés Granollers le ha pedido a Sánchez que “eluda en los Presupuestos el gasto militar y el gasto monárquico, y verá cómo así seguramente podrán llegar a un acuerdo”.
En ese contexto se produce la decisión del gobierno de impedir que el Rey inaugure en año judicial en Cataluña en el que tradicionalmente Don Felipe hace entrega de los diplomas a los jueces que impartirán justicia, según la Constitución, en nombre del Rey.
El gobierno una vez más paga el chantaje que le exigen los delincuentes que le sostienen en un permanente estado de amenaza con dejarle caer si no se pliega a sus exigencias mafiosas.
Se me ocurren algunas consideraciones de carácter ético y político para añadir a esta columna de opinión, pero dada la importancia del hecho que comento prefiero no incluirlas hoy y centrar el debate en lo objetivamente importante y por eso eludo lo subjetivamente pasional, pero eso no me impedirá que en algún momento entre en ese asunto.
Yo que nunca me he considerado monárquico celebró que sea Felipe VI y no cualquiera de los gañanes que sienten sus posaderas en los escaños parlamentarios, el jefe del Estado en España.
Diego Armario